El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la fianza impuesta por el juez Pablo Ruz (178,85 millones de euros), al considerarla "desproporcionada" y "precipitada". "El auto no incluye los cálculos u operaciones realizadas para alcanzar esta cifra, que resulta a todas luces desproporcionada, teniendo en cuenta que la totalidad de los perjuicios aducidos por los querellantes no alcanza los 100 millones de euros", señala el recurso al que tuvo acceso Europa Press.
En concreto, la defensa de Fernández de Sousa considera que dicha fianza no se justifica ni por la causa, ni por lo prematuro del momento, ni por la cuantía, que está basada únicamente "en lo que dicen los querellantes sin escuchar a los querellados". En su opinión, no se ha realizado ninguna diligencia para calcular la cuantía de la fianza, ni se ha tomado declaración a los querellados. "Lo cierto es que no se ha practicado ni una sola diligencia para cuantificar los perjuicios causados, por lo que los mismos presupuestos que se han utilizado para la fijación de la fianza son incorrectos y carentes de base", señala.
Según el recurso presentado esta semana por el expresidente de Pescanova, el juez reconoce en el propio auto recurrido que es "inicialísima" la fase actual de instrucción y que ha adoptado la decisión apenas con base en el contenido "de las querellas presentadas y documentación acompañada a las mismas donde aparecen indicios racionales de criminalidad". No obstante, apunta el juez, "la constatación de tales inidicios racionales de criminalidad no puede provenir del solo contenido de unas querellas para que, sobre su base y en un momento inicialisimo del procedimiento, se fijen unas fianzas injustificadas y desproprcionadas".
Asimismo, según el recurso, el "apresuramiento" y la "falta de sentido crítico" con los que se ha fijado el supuesto perjuicio de los accionistas queda desmostrado cuando se advierte que "una buena parte de accionistas personados habría aquirido sus títulos de la firma gallega después de conocerse la delicada situación en la que ésta se encontraba".
El recurso de Sousa ante la Audiencia Nacional está basado en los argumentos que figuran en el escrito de oposición a la solicitud de medidas cautelares que había presentado la Fiscalía a finales de julio. En dicho escrito de oposición, al que tuvo acceso Europa Press, la defensa del expresidente recuerda que en un auto del mes de mayo se indica que las medidas cautelares se adoptarían "a partir del momento en el que obren en el procedimiento la totalidad de los datos que permitan acudir a una estimación razonada y congruente", para apuntar que "no parece que obren todavía la totalidad de los datos, cuando ni siquiera los imputados han prestado declaración".
El escrito argumenta asimismo que "el supuesto perjuicio de los accionistas no puede ser valorado ni siquiera en teoría en tanto que la cotización de Pescanova continúe suspendida".
Una decena de altos cargos y seis sociedades implicadas
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha impuesto fianzas que suman los 1.200 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a una decena de altos cargos de Pescanova y seis sociedades ligadas al grupo alimentario, a los que se imputa la comisión de delitos de falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica, uso de información relevante, estafa y falsificación de facturas.
Entre ellos, se encuentra el expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa, que deberá depositar 178,8 millones de euros. Por su parte, los consejeros Alfonso Paz Andrade y José Antonio Pérez Nievas tendrán que entregar 125 y 54,7 millones de euros, respectivamente.
