Los grandes fondos perjudicados por el rescate de Banco Popular toman posiciones tras la publicación del informe de Deloitte. Pimco, Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Cairn Capital, que perdieron 850 millones con la resolución del pasado mes de junio, consideran que los papeles del proceso generan más preguntas que respuestas. En especial sobre el papel del Banco de España y la Junta Única de Resolución (JUR).
Estos fondos, representados por el bufete Quinn Emanuel, consideran que la documentación conocida hace una semana prueba que Banco Popular era "solvente", lo que hace "la decisión del Banco de España de restringir la línea de liquidez de emergencia (ELA) de Popular todavía más misteriosa".
Sobre el papel de la JUR, consideran los documentos prueban que las filtraciones que aceleraron la fuga de depósitos solo pudieron salir de este organismo. "Deloitte fue contratado el 23 de mayo" para el informe de valoración. "Seguro que no es una coincidencia que esta contratación fuera firmada el mismo día que König [presidenta de la JUR] revelara a Bloomberg TV que la JUR estaba vigilando a Banco Popular", expone el bufete.
Precio
Pimco y el resto de fondos representados por Quinn Emanuel continúan insinuando que el precio de -2.000 millones, que implicó pérdidas para los bonistas y accionistas, estaba pactado de antemano.
Los demandantes también critican que Deloitte no debían haber incluido en su valoración el riesgo de demandas como uno de los factores de riesgo.
Pimco y los fondos consideran que hay todavía mucha información que falta en el proceso sobre todo "por la restricción de liquidez a Popular después del 6 de junio, mientras los bancos griegos tuvieron garantizada mucha más ayuda durante más tiempo".
Critican además que toda la documentación está siendo desplegada para cubrir legalmente a la propia JUR por su decisión y que ésta olvidara incluir como factores que aceleraron la fuga de depósitos las propias palabras de König.
