La Asociación Española de Economía Digital (Adigital) ha presentado este lunes el documento de alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el cual las plataformas digitales que actúan de intermediarias en el arrendamiento de viviendas con fines turísticos estarían obligadas a proporcionar información sobre sus usuarios a Hacienda.
Según justifica la asociación, a la que pertenecen plataformas como Airbnb y HomeAway, las plataformas digitales de alojamientos turísticos son consideradas Prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información y se rigen por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), que se rige a su vez por la Directiva europea de Comercio Electrónico y la LO de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
Adigital señala, por tanto, que "las exigencias de Proyecto de Real Decreto son manifiestamente contrarias a la normativa que les es de aplicación". La asociación se apoya así en la legislación europea para sostener que estas exigencias son contrarias "a la normativa comunitaria y estatal, así como a los principios del mercado interior y de unidad de mercado".
Proporcionar información a Hacienda
Hacienda ultima un decreto que obligaría a las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico, tales como Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba, a identificar a los propietarios, así como a presentar informes periódicos, con el objetivo de que declaren "con más detalle" su actividad para evitar "fraudes fiscales".
De momento, los planes del Departamento que lidera Montoro pasan por identificar al titular de la vivienda alquilada con fines turísticos, así como al titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda con fines turísticos, cualquiera que sea el canal en el que se promocione o publicite el inmueble.
"La obligatoriedad de establecer mecanismos de monitorización de los contenidos y de posterior comunicación de los datos recabados a la Administración implicaría modificar un régimen de responsabilidad que, tal y como ha manifestado la propia Comisión Europea, ha impulsado el crecimiento de la Sociedad de la Información", advierte la asociación.
Adigital llama a respetar el régimen jurídico que la LSSI impone a estas plataformas digitales porque "responde a una realidad". Esta legislación, apunta su director general, José Luis Zimmerman, "tiene que ver con la propia naturaleza tecnológica de la plataforma, que se basa en una actividad automatizada que hace que las plataformas no tengan ni conocimiento efectivo ni control sobre la información transmitida o almacenada".
Una regulación para varios modelos de negocio
Del mismo modo, Adigital apunta que el borrador propuesto incluye bajo una misma categoría a todas las plataformas que intermedian en el mercado, desde páginas de anuncios clasificados hasta plataformas que permiten servicios adicionales, "perfeccionando la intermediación".
Según subraya la agrupación, el proyecto de Hacienda no respeta la obligación de los Estados miembro de comunicar a la Comisión cualquier proyecto legislativo relativo a los servicios de la sociedad de la información.
"Tampoco atiende a los principios de proporcionalidad y regulación eficiente", zanja el documento, que también recuerda que las plataformas son "motor de innovación (...) generan nuevos mercados, empleos y fuentes de ingreso para los ciudadanos y más oferta y mejores precios para los consumidores".
