Un juzgado de instrucción de Murcia ha acordado la continuación por los trámites del procedimiento abreviado de las diligencias que ha tramitado desde finales de 2009 contra el presidente del Grupo Hispania, Trinitario Casanova, y otras 22 personas por un presunto fraude a la hacienda pública de casi diez millones de euros.
El auto, que ha sido hecho público este martes, incluye también a una veintena de empresas, entre ellas, el citado grupo inversor, como posibles responsables civiles subsidiarios.
La investigación llevada a cabo durante estos años por el Juzgado de Instrucción, según se recoge en el auto, ha permitido acumular indicios de la posible comisión de varios delitos de defraudación tributaria, delitos contables y delito continuado de falsedad documental.
La investigación judicial fue iniciada a raíz de la denuncia presentada por el fiscal a finales de octubre de 2009, que, a su vez, había partido del expediente que sobre el Grupo Inversor Hispania había incoado la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
El ministerio público señalaba en su denuncia que las cantidades defraudas en los años 2004 a 2006 en concepto del impuesto de sociedades superaba los 18 millones de euros, y por impuesto sobre el valor añadido (IVA), del mismo periodo, se acercaba a los tres millones de euros.
Presuntas facturas falsas
Sin embargo, como se recoge en el auto, esas cuantías fueron reducidos con posterioridad en los nuevos informes emitidos por la AEAT, de tal manera que las sumas presuntamente defraudadas por el impuesto de sociedades se fijaban en casi nueve millones de euros, y las correspondientes al IVA, en algo más de 2,5 millones.
Señalaba la Fiscalía que la defraudación, presuntamente, se había cometido con la utilización de facturas falsas, al corresponder a trabajos realmente no realizados.
El auto señala que en la mecánica supuestamente defraudatoria se habrían simulado trabajos y movimientos de tierra en fincas ubicadas en las provincias de Alicante, Madrid y Murcia.
Además, se habrían celebrado falsas mediaciones o intermediaciones en las ventas de las fincas, "todo ello, para generar gastos empresariales deducibles, pero no reales".
Señala que en esas actividades presuntamente delictivas participaron empresarios que emitirían facturas con cargo al citado grupo inversor que reunían todos los requisitos formales, pero que no responderían a servicios realmente prestados.
Gastos personales de Casanova
Se recoge también en el auto que a la actividad del Grupo Inversor Hispania se habrían cargado facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios que reflejaban relaciones comerciales reales, pero que constituían gastos personales del propio Trinitario Casanova.
Entre las personas contra las que se acuerda seguir las actuaciones por el procedimiento abreviado figura el responsable de la contabilidad del grupo empresarial y familiar del propio Casanova, Joaquín Ortuño.
El Juzgado de Instrucción ha dado 20 días de plazo al fiscal y a las demás acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
