El juzgado mercantil número 9 de Madrid ha admitido a trámite petición de concurso de acreedores contra Banco Popular, solicitada por el despacho valenciano Corbalan de Celis & Guerri. La medida ha sorprendido a los despachos que han iniciado procesos judiciales contra la resolución de la entidad decidida el pasado 7 de junio y consideran que no tiene visos de prosperar.
La declaración de concurso necesario, no voluntario, de Popular daría un vuelco a todos los procesos abiertos y podría llegar a suponer la separación de los actuales administradores del banco, su intervención judicial. La admisión a trámite de la solicitud no supone que se haya declarado el concurso, y todavía puede ser archivado.
"Llevamos varios meses estudiando y valorando el asunto, proveniente de un informe jurídico realizado por Don Fernando Presencia Crespo y gracias a nuestra experiencia en el área concursal en toda España, vimos visos de viabilidad y decidimos actuar", explica Mariano Corbalan, del despacho demandante. "Se estaban presentando demandas de todo tipo, por la vía civil, contencioso y penal", añade, "y al ser uno de los 300.000 afectados que acudió a la ampliación de 2016, decidí actuar y redactamos la solicitud", explica.
"El concurso paraliza todas las actuaciones que se han ido generando. Ahora hay una providencia del juzgado para que en diez días aporte copia para dar traslado a Popular y Santander, con lo que todo comenzaría a rodar", indica Corbalán.
La concursal era prácticamente la última vía judicial que quedaba por explorar en el caso de resolución y venta del Popular a Santander. Se han presentado querellas en la Audiencia Nacional contra los anteriores gestores del banco, demandas contra el Frob y la JUR, reclamaciones en la Unión Europea.
Abogados que participan en algunos de los procesos abiertos con los que ha contactado este diario expresan su sorpresa por la decisión del juzgado de admitir a trámite la declaración de concurso de Popular y estiman que no prosperará.
"El Reglamento 806/2014 y la Ley 11 / 2015 precisamente evitan la aplicación de la ley concursal a las entidades bancarias", explican en un despacho que esta litigando. En ese mismo bufete que representa a pequeños y grandes accionistas de Banco Popular, recuerdan que para sostener la petición de concurso de una sociedad debe demostrarse su situación de insolvencia, y en el caso de Popular se hablaba de un estado de iliquidez.
Mariano Corbalán sostiene que su señoría antes de nada tiene que pedir el informe del Frob sobre la resolución y que la insolvencia del Popular era y es "notoria". Y asegura que la demanda sortea esa normativa que evitaría el requerimiento y considera que su petición sí prosperará.
A pesar de las dudas sobre la viabilidad del concurso contra Popular, los abogados consultados consideran que podría servir para presionar a las autoridades europeas y españolas para que hicieran públicos los informes por los que se decidió la resolución del banco español.
