Prosegur ha puesto en marcha un plan de “optimización de la cartera de clientes” en España cuyo objetivo es rescindir unilateralmente aquellos contratos con administraciones públicas y empresas privadas que la compañía considera no rentables por falta de pago.
El grupo de seguridad privada, que estos días es noticia por la entrada en su accionariado del multimillonario Bill Gates, ha confirmado la puesta en marcha, el año pasado, de esta iniciativa. Una “decisión muy consciente” de la compañía controlada por la familia Gut-Revoredo que se ha adoptado entre insistentes rumores de un inminente expediente de regulación de empleo (ERE) en España que algunas fuentes cifran en el entorno de los 2.000 efectivos.
Fuentes de Prosegur, que es la principal empresa de este negocio en España y uno de los líderes mundiales de su sector, dicen que todavía no hay una decisión tomada sobre el ERE y que hay varias alternativas abiertas.
El proceso está en su fase inicial, con la apertura de un periodo de consultas con las organizaciones sindicales para negociar, bien un ajuste de empleo, bien un descuelgue del convenio colectivo, explican fuentes sindicales y de la empresa.
El plan de optimización que ha puesto en marcha Prosegur en España viene a desmentir que el sector esté, como sostiene el Ministerio del Interior, “en pleno crecimiento”. Y se ha traducido, según ha reconocido la empresa, en un “incremento de la rentabilidad y un descenso de las ventas” en España.
Hasta septiembre (último dato disponible), la facturación de Prosegur en España (que ya ha sido superado por Brasil, convertido en su mayor mercado) descendió un 6,6%, hasta 656,7 millones de euros.
El grupo, que en los últimos años se ha volcado en la internacionalización a golpe de compras, alcanzó hasta el tercer trimestre una cifra de negocios de 2.753,3 millones de euros (un 2% más) y ganó 106 millones, un 6,8% menos.
La empresa, que a cierre de 2012 empleaba a cerca de 26.900 personas en España, no ha precisado el alcance del plan de rescisión de contratos no rentables en España, que según fuentes sindicales ha podido afectar sólo en la Comunidad de Madrid a unos 1.000 efectivos de la compañía.
El principal contrato que ha rescindido la empresa en el marco de este ajuste corresponde al que tenía con el Metro de Madrid, que el grupo decidió no continuar el año pasado y afectó a más de 400 efectivos.
Fuentes de Metro de Madrid reconocen la existencia de "un pago pendiente de 219.000 euros que se realizará en breve", pero aseguran que "no se trata de una deuda, sino que es un pago que se realizará en el plazo oportuno".
"No hay ninguna deuda", insisten en la empresa pública, propiedad de la Comunidad de Madrid, que empieza a acumular impagos con algunos de sus proveedores, como el fabricante de trenes CAF.
Las mismas fuentes añaden que Prosegur también ha rescindido, de nuevo por falta de pago, contratos con el Ayuntamiento de Madrid y el Patronato madrileño de Turismo, también dependiente del Consistorio de Ana Botella.
