El Ministerio de Industria y Energía espera como agua de mayo la llegada de la auditoría económica de la inversión del Castor y del informe de los técnicos sobre las causas de los terremotos.
Florentino Pérez, presidente de ACS, ha comentado en su entorno más cercano que si Industria cierra definitivamente el Castor, el problema no lo tiene él, sino el Gobierno, señalan fuentes conocedoras de la posición del empresario madrileño.
En esa misma línea se manifiesta Escal UGS, de la que ACS controla un 66%, que ha avisado a Industria de que si cierra el almacén de gas, será el Estado quién tenga que asumir su coste total, ya sea vía recibo de gas o por vía presupuestaria.
Sin embargo, si se demuestra a través de la auditoría económica que Escal UGS infló el coste de la inversión del Castor hasta llevarlo al máximo permitido en el Real Decreto 1383/2011 (1.272,9 millones de euros), las condiciones de la retribución podrían verse seriamente alteradas, señalan fuentes cercanas a Industria.
Es más, hace unos días, el Ministerio advirtió a Escal UGS que su autorización de explotación del almacén es provisional, no definitiva, y dependerá del resultado de la auditoría, que estará lista a finales de octubre.
Escal UGS ha llevado el presupuesto final a 1.300 millones, justo el límite máximo fijado por el Real Decreto 1383/2011, frente a los 500 millones presupuestados al comienzo del proyecto
El coste inicial del proyecto era de 500 millones de euros, pero el grupo controlado por Florentino Pérez dice que la inversión final ronda los 1.300 millones de euros, justo el tope máximo recogido en el Real Decreto. A esta cantidad hay que sumar el coste del gas colchón, que fue el que Escal UGS empezó a inyectar el 11 de septiembre, causante de los seísmos, y los costes financieros de la inversión.
Si la auditoría encuentra irregularidades o desvíos injustificados, Escal podría quedarse sin el acta de prestación de servicio, lo que dejaría en el aire el cobro de la retribución por parte de la compañía.
Pero si además, los técnicos del Instituto Geológico Minero y los informes posteriores que se elaboren tras las investigaciones abiertas por las Fiscalías de Tarragona y de Castellón concluyen que hubo negligencia a la hora de inyectar gas o al no prever el impacto sísmico de hacerlo, también podría quedar en suspenso el derecho de cobro de la retribución por 20 años.
Por su parte, Escal UGS y el propio Florentino Pérez mantienen que si el Castor se cierra, será el Estado el que tendrá que afrontar el pago. ACS acudió a los mercados financieros y emitió bonos por valor de 1.400 millones de euros para financiar el Castor.
La empresa controlada por ACS atribuye a "otros elementos naturales como el movimiento de una falla" las decenas de terremotos de entre 3 y 4,2 grados que han sufrido el norte de Castellón y el sur de Tarragona
La compañía sólo se hace, por ahora, responsable de los seísmos de menos de 3 grados, según el ministro Soria, que ayer visitó la plataforma junto al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Escal "valora que su actividad sólo tiene incidencia en los seísmos de menos de 3 grados" en la escala Richter. "En los seísmos de más intensidad, la empresa cree que intervienen otros elementos naturales como el movimiento de alguna falla, aunque no la de Amposta", dijo Soria, que señaló que por ahora, Industria no se ha planteado el cierre definitivo del Castor.
Pero si se rasca entre bambalinas, lejos de los planteamientos del Gobierno y de la filial de ACS bajo el paraguas de lo políticamente correcto, se puede constatar el enfrentamiento que libra el Ejecutivo con Florentino Pérez, máxime cuando fue el Gobierno de Zapatero el que, con todas las prebendas, dio el proyecto al empresario madrileño.
Ahora, la concesión y autorización del anterior Ejecutivo, sin exigir informes sísmicos porque no los requería la normativa vigente, se está volviendo en contra del actual Gobierno y del presidente de ACS. Nadie hasta ahora ha asumido la responsabilidad de lo ocurrido y los miles de ciudadanos afectados por los terremotos y temerosos de lo que pueda venir en un futuro han salido a la calle y exigen respuesta.
