El Gobierno no quiere que el problema del Castor se enquiste más de lo que ya está. Su dueño, Escal UGS, compañía controlada en un 66% por ACS, está con el agua al cuello porque a partir del 30 de noviembre tiene que empezar a devolver a sus bonistas los 1.400 millones de euros que les pidió para financiar la construcción del almacén de gas en las aguas del Golfo de Valencia.
El presidente de ACS, Florentino Pérez, se ha movido por las más altas instancias del Ejecutivo para que éste acelere la solución al problema, después de que Escal presentara el 18 de julio ante Industria su solicitud de devolución de la licencia de explotación de la plataforma.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, su mano derecha en energía, el secretario de Estado Alberto Nadal, su hermano Álvaro, jefe de la Oficina Económica de Moncloa, y hasta la mismísima vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría han conocido la propuesta del presidente del Real Madrid de primera mano.
Los contactos han surtido efecto y el Consejo de Ministros de finales de agosto, el primero tras las vacaciones estivales, o el primero de septiembre aprobará, previsiblemente, el plan de Industria para colocar el Castor en un ‘banco malo’ o entidad dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y asignar la indemnización para Escal UGS.
Serán unos 1.380 millones de euros los que el Gobierno tendrá que abonar al ex concesionario del Castor en concepto de compensación por la devolución del activo al Estado. Es éste el valor contable del activo y al que tiene derecho ACS-Escal UGS, tal y como le reconoce el propio Tribunal Supremo.
Florentino se ha movido para conseguir que el Ejecutivo diera una solución al problema del Castor antes del 30 de noviembre
Con su indemnización bajo el brazo, el grupo controlado por Florentino Pérez podrá presentarse ante sus bonistas con el compromiso de devolución de los 1.400 millones de euros más intereses que recibió para costear el proyecto.
La agencia de calificación de riesgos Fitch ya alertó en su último informe de que había serias dudas de que Escal UGS pudiera afrontar el pago de los bonos y degradó el valor de éstos al nivel de bono basura (pasaron desde ‘BBB+’ a ‘BB+’).
Dado que la empresa tenía prevista la devolución al Estado de la infraestructura gasista, Fitch consideraba que tanto el Banco Europeo de Inversiones (BEI) como el resto de bonistas nacionales e internacionales dependerían de un régimen de compensaciones que el Ejecutivo español aún no había concretado.
Fitch había degradado al nivel de bono basura la financiación del Castor ante la posibilidad de que el Ejecutivo no aprobara la indemnización a ACS
Sin indemnización sobre la mesa, Escal, y por extensión ACS, sufrirían un grave problema de asfixia financiera a partir de ese fatídico 30 de noviembre, fecha a partir de la cual se tendría que comenzar a devolver el dinero a los bonistas.
Los propios bonistas dieron el ‘sí’ a ACS para que solicitar a Industria la devolución de la concesión ante la perspectiva de que el Castor no volverá a entrar en funcionamiento al constatarse técnica y fehacientemente que la inyección de gas en el almacén había sido la culpable directa del despertar de la Falla Castor y de los más de 500 terremotos que tuvieron lugar en septiembre del año pasado.
Casi un año después, ACS podrá salvar la cara ante sus financiadores, gracias a la celeridad con la que el Gobierno ha buscado una solución al problema.
La polémica, sin embargo, se instala ahora en quiénes serán los que tendrán que costear esos 1.380 millones de euros que se llevará ACS. Es lo que en el Gobierno no tienen tan claro. Uno de los planteamientos que hay sobre la mesa es que sea el Insituto de Crédito Oficial (ICO) el que afronte el pago de la indemnización a través de un préstamo, que luego se trasladará a los consumidores de gas. Se cargaría el coste a través de los peajes del sistema gasista por 20 años, que tendrían que costear todos los titulares de recibos de gas.
La otra opción, que se ha encontrado con la oposición del Ministerio de Hacienda, es que no sólo sean los consumidores de gas los que paguen los 1.380 millones, sino que sean los Presupuestos Generales del Estado los que asuman el pago. De esta forma, serían todos los contribuyentes los que cargarían con el coste de una infraestructura que podría no volver a funcionar jamás.
