¿Se imaginan una autopista radial sin radares y casi sin tráfico? ¿Cuántos conductores se verían atraídos por ese 'paraíso' de los amantes de la velocidad y estarían dispuestos a pagar peaje con tal de llegar lo más rápido posible al destino?
Estas preguntas se las han hecho las entidades acreedoras de esas radiales, todas ellas en concurso y con una deuda acumulada de 4.600 millones de euros. La gran banca mantiene reuniones periódicas para abordar nuevas soluciones que plantear al Ministerio de Fomento para desbloquear el rescate de estas autopistas, enquistado desde hace meses. La banca está a la espera de que el Departamento que dirige Ana Pastor envíe a las entidades un borrador con propuestas adicionales con el que poder retomar las negociaciones.
Tanto los bancos como las concesionarias están a la espera de un decálogo de posibles medidas a tomar para fomentar el tráfico en estas vías y hacerlas mínimamente rentables, pero Fomento sigue sin dar un paso adelante.
Precisamente, en uno de estos encuentros entre los bancos a cuenta de este problema, desde una entidad se deslizó la posibilidad de suprimir los radares de las autopistas en concurso para hacerlas más atractivas y generar mayor volumen de tráfico. Pese a que la propuesta se deslizó inicialmente entre bromas, los bancos acordaron desarrollar la idea de cara a negociarla con Fomento.
Los bancos acreedores no quieren desperdiciar ninguna propuesta, por polémica que sea, y han puesto sobre la mesa la eliminación de los radares sólo en estas vías
"La propuesta nunca quedará por escrito", explica una fuente conocedora del encuentro, "porque puede ser contraria a la Ley de Seguridad Vial". "Es complicada que una propuesta de este tipo salga adelante pero hay que buscar propuestas imaginativas para hacer atractivo el uso de las radiales", explica otra fuente que se queja de la inacción de Fomento.
"Si el Ministerio de Ana Pastor se aviniera siquiera a tomar en cuenta una medida de este calado, se encontraría con la oposición frontal del Ministerio de Interior, del que dependen la DGT y la seguridad vial", señala otra fuente.
Sea como fuere, la propuesta ya está sobre la mesa y los bancos la manejan como arma de negociación, pero Fomento aún no se ha pronunciado al respecto.
Uno de los últimos encuentros entre la banca española y el Gobierno se produjo a finales del pasado diciembre cuando las entidades nacionales decidieron no asumir la deuda de las autopistas en quiebra que aún mantiene la banca extranjera en sus balances. En total, en el entorno de los 1.300 millones de euros. Así se lo transmitieron en los últimos días de diciembre a Fomento. Esta era una de las condiciones que formaban parte del llamamiento que había realizado el Gobierno a las entidades nacionales, hace menos de un mes, para reactivar la solución de las radiales.
La medida "puede ser contraria a la Ley de Seguridad Vial", reconoce una fuente, aunque insiste en que "hay que buscar propuestas imaginativas para hacer atractivo el uso de las radiales"
El Ejecutivo había pedido ayuda a la banca española para que mediara ante las entidades extranjeras con el fin de evitar un conflicto judicial, como informó este medio el pasado 3 de diciembre. Los bancos extranjeros anunciaron antes del verano su intención de presentar demandas si finalmente Fomento ponía en marcha la quita del 50% sobre la deuda que tenían contraída con las concesionarias. Parte de esta mediación, confirman fuentes del sector, incluía la compra de la deuda de los bancos extranjeros por parte de sus homólogos nacionales. Adquisición que se hubiera efectuado con la quita correspondiente.
El Gobierno ha planteado, hace ya más de un año, a banca y concesionarias una quita del 50% de la deuda de estas carreteras, que asciende a 4.600 millones, y la creación de un fondo de titulización que emitiese bonos a 30 años con la garantía de Seittsa y con una rentabilidad mínima del 1%. Desde la banca se reclamaba también que estos bonos estuviesen garantizados por el Estado y que se mejorase la rentabilidad fija que devengarán para que lo que se reciba no esté por debajo de lo que se paga ahora por el bono español a 30 años, cercano al 4%.
La opción de liquidar estas vías supondría un coste de unos 5.000 millones de euros para el Estado, además de un proceso judicial con sus concesionarias, según indicaron recientemente estas empresas, que aseguran haber perdido ya 1.800 millones de euros en estas autopistas.
Tanto las entidades financieras como las empresas concesionarias temen que la campaña electoral (tanto la de las autonómicas y municipales como la de las generales, con el verano de por medio) desvíe la atención del Gobierno. Es tal el nivel de enquistamiento del proceso para cerrar un acuerdo por todas las partes que el problema podría quedarse como "patata caliente para el próximo Gobierno que salga de las elecciones generales".
Pese a ello, tanto la banca como las concesionarias confían en que Fomento presente en las próximas semanas si no un decálogo, al menos algunas medidas concretas sobre las que ir trabajando. Habrá que ver si finalmente la supresión de los radares estará entre ellas.
