Algo se mueve en la calle y tanto Moncloa como las compañías eléctricas lo saben. Las fuertes subidas aplicadas por el Gobierno este año (ya van cuatro) en los precios de la luz y el oligopolio de las compañías eléctricas con la consiguiente falta de competencia están contribuyendo a la asfixia económica de decenas de miles de hogares españoles.
Hasta antes de la crisis económica, el número de familias que no podían afrontar el pago de la factura de la luz era residual, pero desde 2008 el coste del recibo se ha disparado un 70%, alcanzando una media de 790 euros al año, según datos de la OCU.
Las altas cifras de paro, las bajadas de los sueldos y las subidas de impuestos han dejado muy maltrechas las economías domésticas, hasta el punto de que ya hay en España familias que este invierno no podrán poner la calefacción.
Así lo denuncia la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que esta semana ha presentado un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales, según el cual una de cada diez familias está en situación de "pobreza energética". Esto significa que, entre otras cosas, estos hogares no podrán encender la calefacción este invierno porque no podrán pagar las facturas de luz y gas.
Según un informe, hay en España más de dos millones de familias en situación de pobreza energética porque no pueden costear sus servicios básicos de electricidad y gas
Según el informe, hay en España "más de dos millones de familias en situación de pobreza energética", ya que no pueden costear los servicios básicos para cubrir sus necesidades domésticas de energía.
Esta situación, que ya han denunciado también Cáritas y la Cruza Roja, pone en riesgo la salud de las personas afectadas, sobre todo después de las últimas subidas aplicadas al recibo.
De ahí que esta misma semana, una especie de 15-M energético haya tenido lugar en las principales plazas de las grandes ciudades españolas, donde se han celebrado concentraciones contra la pobreza energética. Detrás de estas manifestaciones se encuentran organizaciones de todo tipo y color: Amigos de la Tierra, ATTAC, Ecologistas en Acción, Ecolution-a, ecooo, Equo, Fundación Renovables, Greenpeace, Ingeniería Sin Fronteras, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Plural, grupos pertenecientes a diferentes asambleas del 15-M, Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca, PSOE, SEO BirdLife, Som Energia, WWF, Zenit Embarcaciones Híbridas y otras muchas agrupaciones se han concentrado para denunciar la situación de exclusión social que sufren ya muchas familias en España.
Una especie de 15-M energético ha tenido lugar esta semana, con manifestaciones en las plazas de las principales ciudades contra las fuertes subidas en el recibo de la luz y sus consecuencias sociales
La reforma energética que ha aprobado el Gobierno ha dado una vuelta de tuerca más a la difícil situación que sufren los hogares con menos posibilidades económicas. Y es que el endurecimiento de los criterios para acceder al bono social va a sacar de este "sistema de protección" ante la pobreza energética a la mitad de los tres millones de hogares que ahora se benefician de él. Porque aunque el Gobierno va a mantener los actuales requisitos para ser beneficiario de este bono social de la tarifa (tener contratada una potencia inferior a 3 kilovatios; superar los 60 años y estar con una pensión mínima y ser familia numerosa y formar parte de una unidad familiar con todos los miembros en paro, la situación va cambiar radicalmente ya que se introduce una nueva cláusula o renta mínima por debajo de la cual no se tendrá derecho a la tarifa social: el 120% del salario mínimo interprofesional (10.841 euros al año) para una primera persona de la familia; el 70% para una segunda persona con ingresos (7.588 euros al año) y el 50% del SMI (5.420 euros al año) para terceras y siguientes.
El Gobierno dejará fuera del sistema de protección del bono social a 1,5 millones de los casi tres millones de hogares que ahora se benefician
Es esta medida del Gobierno la que va a dejar fuera de esta sistema de protección social a en torno a 1,5 millones de clientes, según las estimaciones del sector.
Las concentraciones del pasado miércoles por toda España son un botón de muestra de que el coste energético se ha convertido en un gran problema para buena parte de la ciudadanía. "Hace diez años, nadie reparaba en el peso que tenía el recibo de la luz y del gas en el cómputo del gasto familiar cada mes, gracias a que la economía iba bien, toda la gente tenía trabajo y la electricidad subía levemente. Pero ahora todo ha cambiado y la situación se ha dado la vuelta radicalmente, con subidas trimestrales que son de difícil encaje en las maltrechas economías de los hogares", denuncian una organización perteneciente a la plataforma.
No sólo esta iniciativa ciudadana contra la pobreza energética ha tenido lugar en los últimos días. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) puso en marcha una plataforma para la compra colectiva de electricidad bajo subasta para obtener descuentos en el recibo, que atrajo a más de 477.000 clientes.
Y en paralelo también hay una campaña para tratar de abaratar el recibo de la luz bajando la potencia contratada en las viviendas.
Todos estos movimientos ciudadanos comienzan a calar en la opinión pública y preocupan ya en el Gobierno y en las compañías eléctricas, que ven como día a día su imagen de cara a la sociedad empeora.
