La liberalización del transporte ferroviario de pasajeros en la que trabaja el Gobierno está llevando más tiempo del esperado e incluso empieza a peligrar su puesta en marcha durante este año, como estaba previsto. El motivo principal es que las compañías interesadas en entrar en el mercado y empezar a competir con Renfe no están dispuestas a que el operador público esté eximido de cumplir con determinados requisitos que a ellas sí les exigen. Las compañías se han plantado ante Fomento y están dispuestas a no acudir a la licitación del título habilitante para competir con Renfe en el corredor de alta velocidad Madrid-Levante si no se atienden sus reivindicaciones.
La polémica no sólo se centra en los cánones que Adif requiere por el uso de las vías, que los aspirantes a entrar en el mercado aspiran a reducir, aunque el gestor de la infraestructura ferroviaria no está dispuesto a ceder.
Las empresas que aspiran a hacerse con el título que habilitará a una de ellas para competir con Renfe en el corredor de Levante consideran que no competirán en igualdad de condiciones si la compañía pública queda eximida de cuestiones como establecer una contabilidad separada para este corredor. Y también, que Renfe esté libre de que se le revoque su título habilitante, que ha obtenido de oficio en el caso de incumplir algunas de las condiciones contempladas en el pliego que el Ministerio de Fomento está preparando.
Por el momento, el departamento que dirige Ana Pastor está abierto a que los grupos interesados en participar en la licitación dirijan les haga llegar las sugerencias que consideren oportunas aunque, por el momento, la distancia entre ambas partes parece grande.
Proceso abierto
Durante su participación en unas jornadas sobre la liberalización del sector organizadas por Executive Forum, el gerente de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas, Juan Diego Pedrero, señaló de forma tajante que el proceso "no puede salir así, como está ahora mismo", refiriéndose a las condiciones que les ha hecho llegar Fomento.
Pedrero manifestó su confianza en que, finalmente, el Gobierno ceda a algunas de las pretensiones de las compañías que quieren competir con Renfe ya que "en caso contrario, se corre el riesgo de que el proceso quede desierto". Y remató asegurando que "para hacer mal las cosas es mejor que no se hagan".
Esta asociación, que agrupa a algo más de media docena de empresas con licencia para transportar mercancías y viajeros, también reivindica que Adif debería cobrar los cánones en función del número de viajeros y no de la oferta de los operadores. “Sobre todo al principio, aquel que gane el título habilitante tendrá menor demanda y, por lo tanto, se verá perjudicado por los cánones con el sistema actual”.
El pliego, en un par de meses
Un problema que Cándido Pérez Serrano, socio de KPMG, aseguró que es de difícil solución, toda vez que supone la principal fuente de ingresos de Adif, que necesita tener capacidad para generar recursos con vistas a las futuras inversiones.
"Hay que ser valientes para entrar ahora en el proceso, tal y como está en este momento", señaló Pedrero, aunque dejó la puerta abierta a una solución: "esperemos que haya modificaciones".
No obstante, el tono conciliador de Pedrero no oculta el manifiesto enfado de los operadores que pretenden participar en la apertura a la competencia del corredor de Levante.
El subsecretario de Fomento, Mario Garcés, que clausuró las jornadas, detalló que el Ministerio espera tener lista la Orden Ministerial “en uno o dos meses”. Será entonces cuando esté disponible el pliego de condiciones.
A partir de ahí, otros tres meses para presentar ofertas, dos más para analizarlas y valorarlas y un periodo estimado de seis meses para empezar a operar. A poco que se complique el proceso, si prosigue la batalla entre la empresa y Fomento, no circulará un operador privado de pasajeros hasta 2016. Siempre y cuando, eso sí, se presenten ofertas por el título.
