El Gobierno de Cristina Fernández está ultimando los detalles para realizar un pago unilateral a Repsol por valor de 1.500 millones de dólares, unos 1.150 millones de euros. Con esta cantidad, el Ejecutivo argentino espera compensar la expropiación el año pasado del 51% de YPF, según La Nación.
Esta operación, en la que trabajan funcionarios de los ministerios de Economía y Planificación y ejecutivos de YPF, supone movilizar una cifra compensatoria muy inferior a los 10.500 millones de dólares (7.900 millones de euros) que reclama Repsol. El plan del Gobierno argentino no tiene visos de recibir una respuesta favorable por parte de Repsol ni de impedir que la petrolera que dirige Antonio Brufau siga adelante en sus denuncias internacionales contra la expropiación.
La Nación indica que, si en los próximos días no se abre un canal de diálogo con Repsol, el Gobierno desembolsará los 1.500 millones de dólares, o incluso una cantidad inferior, en moneda local, al tipo de cambio oficial y en una cuenta del Banco Nación.
El gabinete de Cristina Fernández considera que este pago le permitirá cumplir con la legislación nacional. El organismo encargado de fijar el importe es el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que comenzó a estudiar el paso en agosto y que podría emitir una conclusión sobre la expropiación de YPF a principios de octubre.
La ley argentina de expropiación otorga al Gobierno un plazo de dos años desde la expropiación para determinar el importe de la indemnización. El diario argentino da por hecho que el importe que fije el Tribunal de Tasaciones no será más que el que determinen las autoridades políticas.
Visiones sobre la indemnización
En los círculos argentinos de poder existen dos visiones acerca de la indemnización, dice el diario. Por un lado, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, sostiene que no hay que compensar a Repsol, sino lo contrario, que es la empresa española la que debería devolver dinero a Argentina.
Frente a esta posición, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, quiere cerrar el capítulo de la expropiación y defiende el pago de una indemnización que resulte creíble a los inversores internacionales y no dañe la imagen de la petrolera. Por ese motivo, es más favorable a una solución amistosa.
