Repsol mantendrá como miembro de su consejo de administración a Mario Fernández Pelaz a pesar de que este fue condenado el pasado mes de marzo por la Audiencia de Bizkaia a seis meses de prisión como autor de un delito de apropiación indebida. La petrolera española no cesará a Fernández Pelaz mientras el Tribunal Supremo, al menos, no ratifique la sentencia. "La sentencia no es firme y está recurrida, si fuera firme, cesaría", señalaron fuentes cercanas a la multinacional. "Este no es un tema de corrupción", subrayaron.
El caso por el que este año ha sido condenado Mario Fernández Pelaz (Bilbao, 1943), expresidente de Kutxabank, consejero de Repsol desde el año 2011, ha puesto sobre la mesa un tema relativamente tabú en la empresa y política española, como es el del apoyo económico y laboral a representantes de las instituciones públicas que fueron víctimas de ETA o que lucharon contra la banda terrorista. Y la posición defensiva de Repsol respecto a su consejero, vuelve a abrir el debate de hasta qué punto o de qué forma siguen o deben seguir las compañías las recomendaciones de gobierno corporativo, la ley de sociedades de capital, o los códigos internos éticos y de conducta.
Siendo presidente de Kutxabank, a principios del año 2012, Mario Fernández -que en 2009 fue elegido presidente de la BBK y que dirigió la fusión de las tres cajas vascas que dio origen a Kutxabank- buscó acomodo laboral al exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, en un despacho de abogados que trabajaba para la entidad financiera, recibiendo 243.000 euros por tres años de contrato. Dicha contratación, que fue solicitada por "una personalidad relevante del mundo político" fue denunciada en 2015 por el sucesor de Mario Fernández en la presidencia de Kutxabank, Goyo Villalabeita.
Repsol omitió por error en su informe de Gobierno Corporativo de 2016 la apertura de juicio contra Mario Fernández
Durante el proceso judicial, Mario Fernández defendió su actuación aludiendo a que buscar acomodo "a quienes salían de la primera línea de la lucha contra ETA" era una "cuestión de Estado", y que se trataba de una "ley no escrita" que había funcionado durante los últimos treinta años. "¿Qué harían cada uno de ustedes si se les pidiese ayuda para una persona que ha estado en la primera línea de la lucha antiterrorista? Supongo que lo mismo que hice yo, y que han hecho antes de mi muchas personas y muchas empresas e instituciones en situaciones parecidas a la mía", escribió Mario Fernández en un comunicado enviado a los medios en febrero de 2015.
La Fiscalía de Bizkaia solicitó dos años de cárcel para los tres acusados -además de Fernández Pelaz y Cabieces, el abogado Rafael Alcorta- sosteniendo que actuaron guiados por el "ánimo de causar un quebranto económico a Kutxabank". La Audiencia de Bizkaia condenó a seis meses de prisión a Fernández Pelaz -que con anterioridad devolvió la cantidad pagada por Kutxabank- y a un año a Mikel Cabieces.
Un error
Repsol ha ampliado recientemente el contenido de su informe de Gobierno Corporativo de 2016. La multinacional española ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en un documento enviado el pasado mes de mayo, que había detectado en su último informe de Gobierno Corporativo que no había recogido "inadvertidamente y por error" que en febrero de 2016 "se informó a la Comisión de Nombramientos y al Consejo de Administración de la apertura de un procedimiento abreviado frente al consejero Mario Fernández por un posible delito de administración desleal (...)".
La multinacional española añade que el consejo de administración "a la vista de los hechos y circunstancias del caso, incluyendo entre otras las medidas adoptadas por el señor Fernández para asegurar la inexistencia de perjuicio alguno para la entidad afectada (...)", decidió mantener en el cargo a Mario Fernández.
El Reglamento del Consejo de Administración de Repsol dice que un consejero deberá poner su cargo a disposición cuando "su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o afectar negativamente al funcionamiento del propio Consejo o al crédito y reputación de la Sociedad (...)", y no hace ninguna mención explícita a los casos de apertura de juicio o imputación de presuntos delitos. Tampoco el Código de Ética y Conducta de Repsol alude a la actuación de la compañía en casos de consejeros, directivos, o ejecutivos juzgados o imputados.
La Ley de Sociedades de Capital dice en su artículo 213 que no pueden ser administradores "(...) los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia o por cualquier clase de falsedad (...)".
Mario Fernández es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, en 1965. Ha sido Profesor de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto y en la Facultad de Ciencias Empresariales de la misma Universidad. A principios de los años ochenta ejerció cargos políticos en el País Vasco, entre otros los de consejero y Vicelehendakari del Gobierno Vasco. Abandonó la política activa a finales de los años ochenta, siendo nombrado Director jurídico de asuntos legales de BBVA y siendo miembro del Comité de Dirección del banco desde 1997 a 2002. Después fue socio principal del despacho Uría Menéndez, hasta julio de 2009. Entre 2009 y 2014 presidió BBK y luego Kutxabank.
