La historia de Reyal Urbis no es muy diferente de la otras grandes inmobiliarias que, hasta la fecha, no han tenido que recurrir a la antigua suspensión de pagos. Los protagonistas de la película son similares: abultado endeudamiento, fuerte apalancamiento y demoledor descenso de las valoraciones de los activos, todo ello combinado con la mayor crisis de la historia del sector del ladrillo, que se ha quedado prácticamente paralizado en casi todas sus áreas.
Las cifras que dibujan la situación actual de Reyal Urbis tampoco son inauditas. Unos 4.300 millones de euros de deuda (algo más que el valor total de sus activos), compromisos pendientes con Hacienda por 400 millones y un desplome bursátil que se resume fácilmente: sus acciones cerraron la sesión del viernes a un precio de 11 céntimos mientras que el grupo resultante de la fusión entre Reyal Grupo y Urbis (ésta última ya estaba presente en bolsa) comenzó su andadura en el parqué hace seis años a un precio de 10 euros por título. Algo más de 3.000 millones de euros se han ido por el sumidero del mercado.
No obstante, quizá el mayor problema de Reyal Urbis no estribe en todas estas circunstancias sino en el saneamiento que ha llevado a cabo el sistema financiero. La mayoría de las entidades que son acreedoras de la compañía tienen provisionados prácticamente todos sus compromisos con la empresa que preside su máximo accionista, Rafael Santamaría.
Reyal ha llevado a cabo dos refinanciaciones desde que se inició la crisis. Por entonces, el panorama financiero no estaba tan claro. Las cajas de ahorro estaban inmersas en procesos de fusiones (reales y frías), adquisiciones, conversiones en bancos o incluso intervenciones por parte del Estado. Y los bancos, sorprendidos por haberse convertido sin quererlo ni aspirar a ello en las mayores inmobiliarias de España, estudiaban la manera de deshacerse de aquellos activos tóxicos para sus balances.
El activo estrella, en manos de la banca
Sin estar aun resuelto, el panorama ahora está mucho más claro que entonces. Las cajas como tal prácticamente han desaparecido, la banca tiene provisionado la mayoría de su balance, las entidades insostenibles han sido intervenidas.
E incluso uno de los activos más preciados de Reyal Urbis, el complejo Castellana 200, proyectado en 2006, en pleno auge de la compañía y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid (comandado entonces por el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón), también está bajo el control de los bancos, fruto de una de las refinanciaciones anteriores de Reyal Urbis.
Otros gigantes del sector también han estado cerca de tener que recurrir a la figura del concurso de acreedores. Los actuales responsables de Inmobiliaria Colonial, que también acumula dos procesos de refinanciación, han asegurado en varias oportunidades que la compañía estuvo en su día muy próxima a esta situación.
Mientras, Metrovacesa negoció su reestructuración financiera durante dos largos años y, finalmente, tuvo que recurrir a los tribunales británicos (haciendo valer que el préstamo sindicado que pretendía refinanciar se había firmado en Londres) para evitar que la oposición de algunos acreedores desembocara en concurso.
