El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lidera Sacyr, y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) deberán cerrar definitivamente en las próximas horas un pacto para continuar con las obras de ampliación de la vía interoceánica. Para hacer bueno el principio de acuerdo alcanzado por las partes la pasada semana es fundamental la aprobación de Zurich, aseguradora del proyecto y la transformación de los avales en garantías para los préstamos que permitirán finalizar los trabajos. Una circunstancia que entraña un mayor riesgo para el Reino de España como principal accionista de la aseguradora de comercio exterior Cesce.
El mencionado principio de acuerdo entre GUPC y la ACP daba por sentado que el Gobierno español daría el visto bueno a la transformación del aval de Cesce, concedido en 2009, cuando el consorcio se hizo con la adjudicación del contrato para la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá.
Lo que era un aval de cumplimiento de los trabajos, de tipo técnico, deberá ser ahora uno eminentemente financiero, para garantizar préstamos, lo que supondrá un mayor riesgo para Cesce y, por ende, para el Estado.
El aval concedido por Cesce, contra el que se pronunció recientemente el Tribunal de Cuentas, que lo consideró como imprudente, servía para garantizar el cumplimiento del contrato por el que GUPC debería realizar la obra correctamente y entregarla en la fecha prevista en el mismo. Es decir, lo que se considera un aval técnico, solicitado en todos los procesos de este tipo para cubrir riesgos relacionados con la calidad de los trabajos entregados o posibles incidencias en el desarrollo de éstos.
Exigible a corto plazo
A diferencia de un aval de tipo financiero, para garantizar un préstamo, el de cumplimiento de contrato no es inmediatamente exigible, toda vez que antes de procederse a una posible ejecución han de aclararse las circunstancias en torno al incumplimiento del contrato, lo que se dirime normalmente en los tribunales.
En cambio, el riesgo es mayor con un aval que garantice un préstamo, cuya ejecución sí es inmediatamente exigible en el caso de impago, motivo por el cual es muy probable que las contragarantías del nuevo aval sean mayores.
El cambio viene propiciado por el hecho de que el principio de acuerdo entre las partes prevé que las garantías del contrato se transformen en financieras para que el consorcio obtenga la financiación necesaria con el fin de terminar las obras de ampliación. Junto con los 100 millones de dólares que cada una de las dos partes se ha comprometido a aportar y la moratoria para devolver los anticipos concedidos por la ACP se completaría el montante necesario para concluir la obra, cifrado en algo más de 1.300 millones de dólares.
Sin alternativas
Pese a la circunstancia de un mayor riesgo, al Gobierno español no le quedan demasiadas alternativas viables para salir de esta situación. Renunciar a cambiar el aval de Cesce echaría abajo el principio de acuerdo entre GUPC y la ACP y, por lo tanto, provocaría la rescisión del contrato de ampliación del Canal. Es decir, significaría la ejecución del aval de Cesce.
España no es la única que se encuentra en esta situación. Las entidades equivalentes a Cesce en Italia y Bélgica también concedieron avales al consorcio dada la participación de la italiana Impregilo y la belga Jan de Nul en el consorcio GUPC.
El administrador principal del Canal de Panamá, Jorge Quijano, señaló la pasada semana en la Asamblea del país centroamericano que el principio de acuerdo entre las partes debería cristalizar en un acuerdo por escrito para lo que se estableció la fecha de este martes como límite.
