El conflicto por los sobrecostes de la ampliación del Canal de Panamá estuvo muy cerca de resolverse el pasado martes, durante el encuentro que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lidera Sacyr, mantuvieron con la entidad aseguradora del contrato, Zurich American. Sin embargo, aunque las negociaciones se mantienen abiertas, los ánimos se enfriaron notablemente. Y no es la primera vez que sucede algo parecido, una circunstancia que cada una de las partes ha achacado a los abogados de la parte contraria.
La propuesta de Zurich, que consistía básicamente en avalar con la fianza del contrato (unos 600 millones de dólares) un crédito que, junto con aportaciones de ambas partes y la parte del contrato que queda por desembolsar, permitiría concluir los trabajos en el plazo previsto (finales del primer semestre de 2015).
El plan convenció de tal forma a los asistentes a la reunión que el administrador principal del Canal, Jorge Quijano, habitualmente prudente en sus manifestaciones, aseguró que se había puesto sobre la mesa un plan que tenía posibilidades de salir adelante.
Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que las sensaciones entre los representantes del consorcio eran casi inmejorables cuando las partes decidieron hacer un receso para continuar después. A la vuelta, nada fue igual, comenzaron a aparecer las discrepancias y, sin llegar a frustrarse, la negociación no pudo culminarse.
Minutas astronómicas
A la hora de buscar explicaciones para esta cuestión, aparecen en escena los despachos de abogados que están trabajando tanto con la ACP como con GUPC. La administradora del Canal es célebre por la cohorte de asesores que presenta, la mayoría de los cuales representantes de grandes bufetes de EEUU, que facturan algo más de 1.000 dólares por cada hora de trabajo.
Por su parte, GUPC ha contado con el despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee como principal asesor, con la particularidad de que uno de sus socios es Aníbal Galindo, vicepresidente del partido Cambio Democrático, el que gobierna actualmente en Panamá, y fundador del mismo junto al presidente de la nación, Ricardo Martinelli.
Cada una de las partes acusa a la otra de un excesivo intervencionismo de sus equipos de abogados para tratar de salir favorecidos en la resolución final del conflicto aunque, por el momento, lo único que han logrado ha sido retrasar el acuerdo definitivo.
Precedente de preacuerdo
El precedente de esta situación se sitúa a finales del pasado mes de diciembre y fue, precisamente, el detonante de que GUPC remitiera el preaviso de paralización de las obras de ampliación.
Según una información de Efe, GUPC y la ACP llegaron a un principio de acuerdo en diciembre para solventar los problemas de liquidez que asolan a la obra pero que no pudo ser puesto en marcha porque la autoridad canalera no lo firmó. El preacuerdo llegó el pasado 21 de diciembre y la fecha límite para firmarlo era el 28 de diciembre.
Ya por entonces, el entorno del consorcio que lidera Sacyr hablaba de la decisiva intervención de los abogados de la ACP para echar abajo el principio de acuerdo.
Incluso el embajador de España en Panamá, Jesús Silva, se refirió a este proceso y acusó a la ACP de no cumplir con pactos verbales alcanzados previamente. Dos días después de que venciera el plazo para firmar el preacuerdo que se quedó por el camino, GUPC remitió a la ACP el célebre preaviso de paralización de las obras.
