En la Junta de accionistas que Sacyr celebra esta semana en Madrid saldrán a relucir, previsiblemente, algunas vergüenzas que afectan al consejo de administración de la constructora. Además de la imputación del consejero Demetrio Carceller -el presidente de Damm afronta el juicio en el que se le acusa de presunto fraude a Hacienda-, los titulares de acciones de la multinacional española presentes en la junta atenderán a un caso judicial que afecta a otro de los consejeros del grupo, José del Pilar Moreno Carretero, con el 5% de Sacyr.
Moreno Carretero, cuya participación en la compañía está valorada en 93 millones de euros, ha estado al frente de empresas de construcción con especial actividad en Castilla-La Mancha. El empresario, antiguo amigo del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, está presente en el consejo de administración del grupo en representación de la sociedad Beta Asociados. Según el informe de Gobierno Corporativo de la compañía presidida por Manuel Manrique, Moreno Carretero tiene el control del 100% de Beta a través de su participación en Altec, Marbevelsa, y Promotora Majariega de Inmuebles.
El juzgado de instrucción 41 de Madrid ha archivado diligencias seguidas contra Moreno Carretero por presunto delito fiscal
El consejero y accionista de Sacyr afronta una investigación judicial por una querella presentada contra él, que se sigue en Toledo, acusado de presunto delito de vulneración del derecho de información, de apropiación indebida y de administración desleal. En el curso de esa querella, el consejero y accionista de Sacyr fue citado a declarar como imputado en abril de 2013, pero no compareció tras aportar un mensajero en la sala un certificado médico que acreditaba que el empresario presentaba "dolor e inflamación de epidídimo derecho" prescribiéndole "reposo en el domicilio durante al menos cinco-siete días (...)".
Al no presentarse, "desconfiados", la representación legal de la parte querellante contrató a una agencia de detectives para descartar algún engaño. "Ha sido descubierto que, en contra de lo falsamente afirmado por el imputado y certificado en falso por su facultativo, el señor Moreno Carretero el mismo día de la declaración se encontraba de viaje de la localidad malagueña de Marbella hacia Madrid, siendo así que la mañana siguiente a su incomparecencia judicial fue normalmente a trabajar", asegura el informe entregado al juzgado para tratar de desmontar el motivo de la incomparecencia. La documentación aportada incluye imágenes tomadas por detectives. "Fotografía del imputado señor Moreno Carretero, camuflado con gafas de sol y gorro, en la puerta de su oficina en Madrid tomada por un detective privado la mañana siguiente de no comparecer ante este juzgado aportando un parte médico por un presunto dolor testicular", explica el pie de foto de una de las imágenes entregadas al juzgado de primera instancia e instrucción número tres de Toledo.
El caso sigue abierto habiendo tratado la parte querellante de ampliar la querella por otro presunto delito de administración desleal, estando en la actualidad pendiente de que se decida, según fuentes jurídicas, si debe ser el juzgado de Toledo el que mantenga la instrucción o debiera ser un juzgado de Madrid. Vozpópuli trató el viernes de contactar con Altec, una de las empresas de Moreno Carretero, en Madrid, pero no fue posible. Desde Sacyr se indicó que en la junta de accionistas del pasado año ya se sacaron a relucir procedimientos seguidos contra el empresario y supuestas incompatibilidades sobre su puesto en el consejo por sus cargos al frente de constructoras.
Además de pleitear por la querella presentada por presunto delito de apropiación indebida, Moreno Carretero ha estado pendiente los últimos meses de otra resolución judicial relacionada con un supuesto delito fiscal por facturas cuestionadas de una de las empresas relacionadas con el constructor, CLM Infraestructuras y Servicios.
El pasado mes de marzo el juzgado de instrucción número 41 de Madrid archivó diligencias previas seguidas contra Moreno Carretero por ese presunto delito fiscal. El empresario regularizó una deuda tributaria a mediados de 2013 que le ha permitido evitar una sanción de Hacienda que podría haber superado los 50 millones de euros tras pagar cerca de ocho millones.
