Todas las batallas presentan sus daños colaterales, aquellos causados a personas o elementos que no están directamente implicados en la contienda pero cuya circunstancial cercanía al fuego cruzado les convierte en víctimas inesperadas. En la guerra por el control de Abertis, la figura del daño colateral la encarna la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y más en concreto su presidente, Sebastián Albella, situado por el Gobierno en primera línea de batalla con el fin de lograr su propósito: el triunfo de ACS en la puja que sostiene con Atlantia por el control de la concesionaria de infraestructuras. Ha sido precisamente un giro en la estrategia de la empresa italiana, aconsejada desde España, la que ha salvado de la quema al presidente del supervisor. El primer paso de un plan para terminar ganando la guerra en la que tiene muchos elementos en contra.
Las últimas dos semanas no han resultado fáciles para el presidente de la CNMV. El pasado 7 de diciembre, en pleno puente de la Constitución y la Inmaculada, el Gobierno remitió al supervisor dos requerimientos, desde los ministerios de Energía y Fomento, para que revocara su decisión del 9 de octubre de aprobar la OPA de Atlantia sobre Abertis. El motivo se basaba en el hecho de que el supervisor había dado el visto bueno al folleto de la oferta sin que éste incluyera las autorizaciones que el Gobierno considera necesarias.
La medida suponía un paso previo al inicio de un proceso contencioso-administrativo contra la CNMV que, de este modo, se veía en una diabólica encrucijada. Si anulaba la decisión de aprobar la OPA de los italianos, como le pedía el Gobierno, ponía en tela de juicio su integridad e independencia, toda vez que antes de aquel 9 de octubre el organismo supervisor ya sabía de la postura de Moncloa sobre las autorizaciones y, aún así, había decidido dar luz verde al folleto. Rectificar colocaría a Albella, como mínimo, al borde de la prevaricación.
La otra alternativa tampoco era mucho mejor. Mantenerse firme en su decisión condenaba al supervisor a vérselas con el Gobierno en los tribunales y ponía en una situación muy complicada a su presidente.
Auxilio a Abertis
A todo esto, en las filas de Atlantia tenían muy claro que lo último que harían serían solicitar las autorizaciones ya que consideraban la situación como una trampa por parte del Ejecutivo. En el momento en que las solicitaran, quedarían en manos de Moncloa, cuya negativa les dejaría fuera de la pelea por Abertis. Y a nadie escapa que las preferencias del Gobierno en este capítulo apuntan claramente a ACS.
En la búsqueda de la estrategia más adecuada, Atlantia se planteó pedir ayuda a la mismísima Abertis. Sabedora de que, al contrario de lo que sucede con el Gobierno, en la compañía que preside Salvador Alemany gusta mucho más la opción italiana (y algo parecido sucede con La Caixa, principal accionista de la concesionaria española), Atlantia exploró la posibilidad de que fuera Abertis la que solicitara las autorizaciones, una opción rechazada de plano por la compañía que cambió recientemente su sede social a Madrid, alertada por los riesgos del proceso soberanista en Cataluña.
Pero los italianos no se fueron de vacío. Alguien llamó su atención sobre la difícil situación en la que se encontraba el presidente de la CNMV, por obra y gracia del Gobierno. También, sobre que Albella todavía podía ser una figura clave en la batalla por el control de Abertis. Y, por último, sobre que Atlantia tenía la llave para liberarle de la trampa mortal en la que le había situado la estrategia urdida por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y que incluso le había llevado a plantearse su dimisión. Esa llave era la solicitud de las célebres autorizaciones.
Un gesto que, además de, en buena teoría, ser considerado por Albella, contribuiría a retirar obstáculos del proceso de OPAS y hacerlo más ágil.
Débiles argumentos jurídicos
El planteamiento aceptado por Atlantia fue que, en efecto, el plan suponía asumir el riesgo de quedar en manos de un Gobierno que se mostró hostil a la operación desde el primer minuto. Pero también que debería hilar muy, muy fino desde el punto de vista jurídico para denegar las autorizaciones. Porque Atlantia cuenta con las autorizaciones de la CNMV y la de la Comisión Europea, ésta con notables dosis de entusiasmo; porque existen precedentes de operaciones de cambio de control en una concesionaria de infraestructuras en las que el Gobierno no ha pedido estos permisos; porque en otros países, incluso del entorno de España (como es el caso de Francia), los gobiernos no han requerido ningún precepto de este tipo a la empresa italiana.
Porque, en fin, ni siquiera la Abogacía del Estado ha podido pronunciarse de manera tajante sobre la obligatoriedad de contar con las autorizaciones.
Aún así, en el caso de que el Gobierno denegara los permisos, siempre quedaría recurrir al amparo de Bruselas o, incluso, el recurso a los tribunales. Ese será el momento adecuado para bloquear el proceso. Tensar la cuerda ahora sólo añadiría presión al presidente de la CNMV, con el riesgo de que le costara incluso el cargo, y el Gobierno buscara un sustituto con la lección bien aprendida.
El resto, corre a cuenta de Atlantia. Las condiciones de su financiación le aseguran estar en una posición de privilegio en el caso de que la batalla derive en un proceso de ofertas mejoradas en sobre cerrado.
