Los principales investigados del caso Banco Popular ya trabajan en su defensa. El presidente Ángel Ron ya ha contratado para ello a José Antonio Choclán y su sucesor, Emilio Saracho, ha optado por un experto en penal-financiero, Carlos Gómez-Jara, de la boutique Corporate Defense, según ha podido confirmar este medio.
Gómez-Jara es un penalista especializado en la responsabilidad de personas jurídicas y en casos financieros. De hecho, ha jugado papeles clave en los últimos años representando al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) en causas como la de CAM (que sigue en marcha) y CCM.
Fue en este último caso en el que consiguió ganar una batalla histórica para el FGD, al conseguir que el Tribunal Supremo reconociera que el fondo y el Frob están legitimados para reclamar vía penal por el dinero perdido al rescatar una entidad. Esto es algo que se le negaba al Fondo de Garantía de Depósitos.
Hasta ahora, Gómez-Jara ha destacado en el lado de la acusaciones en casos financieros. A partir de ahora estará en banco de la defensa junto a Saracho, sobre el que se va a centrar una de las piezas separadas del caso Popular. El juez Fernando Andreu ha admitido a trámite querellas por presunta manipulación del mercado mientras el banquero madrileño era presidente de la entidad. El bufete Cremades & Calvo-Sotelo dirige esta acusación.
Junto a Gómez-Jara, Saracho ha decidido arroparse con el asesoramiento del despacho Baker McKenzie. En concreto, le ayudará el expresidente José María Alonso, amigo personal del exdirectivo de JPMorgan. Alonso dejó el cargo de presidente el mes pasado y actualmente ocupa el cargo de socio director.
Saracho fue elegido presidente del Popular en diciembre del año pasado, aunque no comenzó a ejercer hasta finales de febrero. Desde entonces, la entidad atravesó turbulencias en bolsa (sobre todo tras su intervención en la junta de accionistas) y en mayo intentó venderse sin éxito. La fuga de depósitos hizo que tuviera que ser rescatada a comienzos de junio, provocando pérdidas millonarias a accionistas y bonistas, y vendiéndose a Santander por un euro.
Según el escrito de Cremades, "el querellado, desde que tomó posesión del cargo de presidente del consejo de Banco Popular, se ha conducido de forma desleal con mis representados, la entidad y sus propietarios, gestionando la misma, en ocasiones, a espaldas del resto del consejo y en perjuicio de dichos accionistas".
Saracho tendrá que declarar como investigado por ello. Aparte, el juez Andreu ha aceptado solicitar información sobre su gestión al cazatalentos que le fichó -Spencer Stuart-, a PwC, a Popular (el plan de liquidez de Saracho, y a la CNMV. Cremades quiere además que Ron declare como testigo en esta parte de la investigación. Gómez-Jara y Alonso tienen todavía mucho trabajo por delante.
