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El sector energético pide al Gobierno “objetividad y transparencia” en los nombramientos del ‘superregulador’

Enerclub, principal lobby del sector, reclama "una clara separación de funciones y responsabilidades entre el Gobierno y el Regulador" y que se refuercen "los principios de mérito y capacidad" para elegir a los vocales de la futura CNMC.

A escasas semanas de que eche a andar la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y cuando ya comienzan las maniobras para repartirse los puestos de su futuro consejo de administración, el sector energético ha mandado un par de recados al Gobierno a cuenta del futuro ‘superregulador’, el organismo cuya creación anunció el Ejecutivo hace ya más de un año y que debería estar creado este mes.

Petroleras, eléctricas y grupos de energías renovables, entre otros agentes del sector, han reclamado que la “independencia del regulador” que prepara el Gobierno esté “garantizada” por la “objetividad y transparencia en la elección de sus miembros y por la competencia probada de ellos, reforzando los principios de mérito y capacidad en su selección”.

Esta y otras demandas figuran en un reciente estudio de Enerclub, un variopinto lobby en el que predominan las grandes petroleras y eléctricas (Repsol, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, Cepsa y E.ON), pero en el que también están presentes grupos de energías renovables y algunos organismos públicos como la propia Comisión Nacional de la Energía (CNE), que quedará engullida en la futura CNMC junto a los reguladores de telecomunicaciones (CMT) y Competencia (CNC).

El documento recuerda que el proyecto de ley de creación de la CNMC, aprobado en marzo pasado “después de las reticencias expresadas a su versión inicial”, aúna en uno sólo todos los organismos reguladores, "pero separa en dos salas los temas de competencia y de supervisión regulatoria”. “Sería deseable que al final se estableciera una clara separación de funciones y responsabilidades entre el Gobierno y el Regulador, aspectos que hasta la fecha no estaban definidos y menos aún delimitados, evitando así duplicaciones o solapamientos”.

También considera "deseable" que "el regulador tenga competencias suficientes para poder supervisar la solvencia técnica y económica de las compañías de manera que no se produzcan hechos indeseables para el conjunto del sistema por una posible falta de capacidad económica para poder ejercer su función correctamente”.

Y entienden que la futura institución “deberá estar dotada de la suficiente flexibilidad para adaptarse a posibles situaciones de fuerza mayor. En este sentido, es de especial relevancia que este margen de maniobra para gestionar situaciones imprevistas no sea utilizado de manera inadecuada”.

Villaseca hace un llamamiento al "consenso" de cara a la inminente reforma energética

El estudio critica “el predominio de las agendas políticas sobre el análisis técnico” en el diseño de la estrategia energética de los últimos años y reclama para los reguladores “los poderes necesarios para tomar decisiones que sólo sean objeto de revisión en instancias judiciales”, y que estas “sean respetadas por los gobiernos y las diferentes administraciones”; también pide que actúen “en base a criterios estrictamente profesionales”. Y lamenta que la CNE haya "ejercido su labor, en gran parte, de forma predominantemente consultiva y no de forma ejecutiva (a diferencia de la gran mayoría de Estados Miembros)”.

El informe, Regulación y Política Energética en España. Una Reflexión, fue presentado el pasado jueves, poco después de la última andanada de la CNC contra las petroleras, por el presidente de Enerclub y consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, y el coordinador del documento, el exconsejero de la CNE José Sierra.

En la introducción, el propio Villaseca hace un llamamiento al consenso de cara a la inminente reforma eléctrica que prepara el Gobierno para intentar eliminar el déficit tarifario: “Todos tenemos que hacer un especial esfuerzo para ponernos de acuerdo, ya que las reformas necesarias deben hacerse con la participación efectiva de las partes interesadas.” Para ello, “el consenso entre los agentes del sector y los responsables de los gobiernos es esencial”.

El documento, que pide que el impuestazo eléctrico en vigor desde enero tenga carácter temporal, lleva la firma del propio José Sierra y de otros dos exconsejeros del regulador, Jordi Dolader y Miguel Ángel Lasheras (que fue vocal de la extinta CNSE, antecesora de la CNE, y actualmente es vocal de Enagás); Alfonso González Finat (alto cargo en la Comisión Europea y asesor del Ministerio de Industria); el expresidente de la patronal de renovables APPA José María González Vélez y el expresidente de Unesa (patronal eléctrica) Pedro Rivero.

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