Seguridad Integral Canaria ha presentado este viernes concurso de acreedores para intentar superar la situación en la que se encuentra después de que se hayan reactivado los embargos derivados de la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a pagar a su plantilla el convenio nacional.

Seguridad Integral había llegado hace semanas a un acuerdo con CCOO e Intersindical Canaria para fraccionar hasta 2020 el pago de la deuda contraída con sus trabajadores a raíz de esa sentencia, que le obliga a pagar con carácter retroactivo los salarios del convenio nacional del sector, superiores a los suyos.

Sin embargo, un Juzgado de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido reactivar el proceso de ejecución forzosa de esa deuda a petición del sindicato USO, por estimar que no se había cumplido la condición básica del acuerdo y que la empresa no había presentado pruebas de que esa medida fuera a desestabilizarla.

Los directivos de Seguridad Integral Canaria anunciaron el pasado 24 noviembre un plan urgente de saneamiento, que pasaba por reducir un 90 por ciento su plantilla, por la vía de transferir casi todos sus empleados a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, sociedad a la que ha vendido su cartera de clientes

En un encuentro con medios de comunicación, sus ejecutivos reconocieron que la sentencia del Supremo hacía inviable su estructura de costes, pero también expresaron su confianza en poder plantear una salida ordenada de la empresa del sector de la seguridad privada gracias al acuerdo con CCOO e Intersindical.

Tras la reforma laboral de 2012, Seguridad Integral -cuyo accionista mayoritario es el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez- se acogió a la posibilidad de descolgarse de los convenios nacionales y comenzó a pagar a su plantilla salarios muy inferiores, lo que le permitió ganar numerosas adjudicaciones públicas de servicios de seguridad, en un contexto de recesión en la que la mayoría de ellos se licitaban mediante subasta a la baja.

En un comunicado remitido a Efe, la empresa reconoce que la reposición de los embargos sobre sus cuentas le "aboca" a presentar concurso de acreedores, una decisión que toma, dice, para "poder afrontar el pago de los salarios de sus trabajadores de la manera más inmediata posible", porque el bloqueo de sus cuentas corrientes le impide tener "un normal funcionamiento".

Sus directivos entienden que, en esta situación, "la única herramienta legal" a su alcance para "restablecer el normal funcionamiento de la empresa" es presentar concurso de acreedores voluntario, "con la intención de no dejar ninguna deuda contraída, en línea con la historia de esta empresa", de 22 años de existencia.

La empresa asegura que toma esta decisión "con la vocación de seguir ofreciendo sus servicios con normalidad" y pide "perdón públicamente" a sus trabajadores, a los que espera "poder compensar".