El real decreto con el que el Gobierno de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy modificó las condiciones del reglamento de transporte para evitar especulación con las licencias VTC en noviembre de 2015 ya está en el Tribunal Supremo. La CNMC de José María Marín Quemada ha presentado su demanda contra este real decreto y se las verá en el Alto Tribunal con el Ministerio de Fomento. La primera defiende unos intereses que coinciden con Cabify y Uber. El segundo se ha mostrado públicamente a favor de controlar a las plataformas y acudirá junto a Fedetaxi, Elite Taxi y otras asociaciones.
Al enfrentarse dos organismos que pertenecen al Estado en la jurisdicción contencioso-administrativa, ambos tenían derecho a contar con los abogados del Estado. Así lo viene haciendo la comisión de la competencia en todos los pleitos que viene librando a cambio de unos 400.000 euros de emolumentos, tal y como indica en su último acuerdo publicado. De igual modo, el cuerpo de abogados del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, también asiste a Fomento.
Según fuentes conocedoras de las negociaciones, el objetivo inicial de Luis de Guindos, principal valedor de Marín Quemada y la CNMC, era que los abogados del Estado asistieran al organismo de competencia. Pero finalmente el departamento dirigido por Íñigo de la Serna se ha impuesto y será el que tenga la asistencia letrada de los abogados estatales. El ministro vasco ha tenido un punto de vista mucho más favorable a los intereses de los taxistas y les ha prometido un real decreto para evitar la especulación con licencias VTC.
Sustitutos internos
Sin embargo, otras fuentes próximas a la parte demandante aseguran que los sustitutos no proceden de ningún despacho privado, sino que provienen de la propia CNMC. Se trata de Diego Castro-Villacañas y de Joaquim Hortalà i Vallvé, que además de director de la asesoría jurídica viene siendo secretario del consejo de CNMC. Ambos han sido abogados del Estado aunque actualmente no ejercen como tales.
Fuentes próximas a la parte demandante aseguran que los sustitutos no proceden de ningún despacho privado, sino que provienen de la propia CNMC. Se trata de Diego Castro-Villacañas y de Joaquim Hortalà i Vallvé
Ante el Alto Tribunal, Cabify, Uber y la patronal Unauto, que ha cambiado la política de comunicación de las empresas de licencias VTC en los últimos meses, acudirán con sus propios abogados. Al igual que la parte demandada, donde junto con Fomento se espera la entrada de alguna comunidad autónoma que también ha solicitado su inclusión.
Liberalizar o no
La presentación de la demanda contra el real decreto 1057/2015 este lunes ante la Sala Tercera del Supremo es, por tanto, el paso inevitable al que ambas partes se veían abocadas desde hace meses. La demanda de CNMC, de 52 páginas, ha tardado meses en realizarse tratándose de un ámbito regulatorio de tanta complejidad.
Según Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi, las alegaciones de la CNMC provienen de "informes de la UE de los tiempos en que se puso condiciones a España para no intervenirla", es decir de 2013, cuando De Guindos sacó adelante la Ley General de Unidad de Mercado que ahora el TC ha anulado en dos artículos.
Ya entonces, Fomento, dirigido por Ana Pastor, se erigió en la defensa del statu quo e hizo caso a las presiones de los taxistas, que amenazaban con movilizaciones, frente a Marín Quemada y la CNMC, que son considerados la bestia negra del sector.
