La agencia calificadora de crédito Standard & Poors (S&P's) perdió este lunes un juicio en Australia por las pérdidas millonarias causadas durante la crisis financiera de 2008 en un caso que abre las puertas para reclamaciones de hasta 200.000 millones de dólares en todo el mundo. El Tribunal Federal falló a favor de 13 ayuntamientos australianos que perdieron más de 16,5 millones de dólares (12,9 millones de euros) por la adquisición en 2006 de los Fondos Rembrandt, un producto financiero creado por el banco de inversiones holandés ABN AMRO que recibió la máxima calificación de AAA por parte de S&P's.
La calificación otorgada por S&P's fue "engañosa y falaz e implicó la "tergiversación negligente" de estos productos ante los inversores potenciales en Australia, señaló en su fallo la juez Jayne Jagot en el juicio celebrado en la ciudad de Sídney.
La demanda también incluye a ABN AMRO, así como la empresa financiera Servicios Financieros para los Gobiernos Locales (LGFS, por sus siglas en inglés) a la que compraron estos productos que les hicieron perder el 93 por ciento del capital dos años después de su adquisición. La juez Jagot también indicó que los ayuntamientos han probado que han sustentado sus reclamos contra LGFS, S&P's y ABN Amro y por lo tanto estas tres entidades deberían responsabilizarse por los daños.
Esta decisión judicial supone la primera de su tipo en el mundo que es adversa a S&P's y puede abrir la puerta para que se reclamen más de 200.000 millones de dólares (156.000 millones de euros) por la venta de productos financieros similares, informó hoy la agencia local AAP. Standard & Poor's apelará la decisión, según el diario financiero Australian Financial Review.
S&P's y otras importantes agencias calificadoras de crédito han sido cuestionadas tanto en los mercados financieros como en el Congreso de Washington, tras rebajar la deuda de Estados Unidos de AAA a AA+, la primera disminución del crédito soberano estadounidense desde 1917. El 21 de septiembre pasado, otro tribunal federal australiano dictó sentencia a favor de un grupo de ayuntamientos, organizaciones benéficas e iglesias que demandaron a Lehman Brothers por violación de contrato y conducta engañosa y negligente, condenándolo a pagar una compensación por los daños causados.
