Tras dos años mareando la perdiz con la famosa reforma eléctrica, el Gobierno va a modificar ahora, en caliente y en tiempo récord (poco más de una semana) un aspecto clave del sector que hasta ahora había dejado fuera del ingente paquete legislativo parido para intentar controlar la sangría del déficit tarifario: las subastas de energía para los comercializadores de energía de último recurso (Cesur), como la que el jueves pasado deparó un inasumible incremento de la tarifa doméstica que el Ejecutivo ha frenado en seco aireando sospechas de manipulación.
El Gobierno ha prometido “criterios objetivos y transparentes” para buscar una alternativa a la subasta del jueves, que ha invalidado por "circunstancias atípicas" que la resolución publicada este sábado en el BOE por la que se anula la puja no termina de despejar, más allá de incidir en la escasa presión competitiva que la caracterizó.
En ella, el Ministerio de Industria sí alude a un "contexto de precios elevados en el mercado spot de electricidad" desde el pasado 2 de diciembre (justo después de que el Estado retirase la aportación de 3.600 millones de euros que había prometido para enjugar parte del déficit), por la "elevada indisponibilidad" de centrales, con "hasta cuatro grupos nucleares" parados.
Desconfía ahora el Ejecutivo de unas subastas puestas en marcha en tiempos del socialista Miguel Sebastián y que desde 2009 determinan la tarifa TUR que se fija cada trimestre y que pagan unos 16 millones de consumidores domésticos y pymes. Un mecanismo que el actual Gobierno jamás había cuestionado hasta ahora (“Es el mercado”, solía decir el ministro de Industria, José Manuel Soria), y menos (huelga decirlo) cuando la luz se abarató un 6,7% en abril pasado.
El presidente de Unesa recalca el comportamiento "absolutamente ético" de las grandes eléctricas
Las Cesur son subastas de tipo financiero (no hay entrega física del producto) en las que participan como vendedores compañías eléctricas (sobre todo internacionales) y, sobre todo, fondos y bancos de inversión, y como compradoras, las comercializadoras de último recurso de las grandes del sector (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, EDP y Eon).
Estas pujas funcionan como una cobertura de riesgo sobre el precio que pagan las comercializadoras de último recurso (CUR) en el siguiente trimestre, cuando adquieren en el denominado pool (donde se produce la compra física de la energía) la electricidad que suministran. Y en ellas la presencia de las eléctricas tradicionales como vendedoras se ha reducido considerablemente con el paso del tiempo, como recordó este sábado un Eduardo Montes (presidente de Unesa) indignado con las insinuaciones de Soria sobre una posible manipulación de la subasta del jueves por parte de las eléctricas.
El jefe de la patronal eléctrica, que incidió en el comportamiento "absolutamente ético" de las cinco grandes del sector, recordó, en declaraciones a EFE, que las eléctricas ya solo suponen el 10% de la oferta total en las Cesur y recalcó que casi el 50% de la tarifa viene fijada por una "alta" participación de entidades financieras "que a lo mejor podrían generar alguna distorsión".
En las Cesur, hay un precio de salida para cada producto (el de “base”, el más representativo, y el de “punta) que va disminuyendo en distintas rondas de pujas, en lo que se denomina sistema de “reloj descendente”. El punto de corte llega cuando se logra un equilibrio entre oferta y demanda. Y el pasado jueves ese corte llegó muy pronto, por “circunstancias atípicas” que la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, que no validó la puja, deberá esmerarse en argumentar.
La resolución por la que Industria ha suspendido la subasta del jueves indica que el punto de corte llegó "en la ronda 7, siendo la ronda de cierre más temprana de todas las subastas Cesur celebradas, que en ningún caso cerraron antes de la ronda 12".
Estas pujas llevan tiempo suscitando polémica al revelarse como un estupendo negocio para quienes ejercen en ellas como vendedores, en detrimento de los usuarios. La tónica habitual en ellas, salvo excepciones como la del trimestre en curso (tras el arreón inflacionista de este mes en el pool), ha sido que los precios que marcaban beneficiaban a los vendedores porque en el trimestre posterior a cada subasta, el precio del pool era menor al que marcaba la puja y se quedaban el margen, traducido en cientos de millones de euros a su favor.
Para desgracia del usuario, si el coste de la energía se disparaba, el Gobierno se veía obligado a bajar los peajes (la parte regulada del recibo) para atenuar las subidas del recibo final. Y se incrementaba así el déficit de tarifa, que se produce cuando los ingresos son insuficientes para cubrir los costes regulados.
Las Cesur fueron introducidas para intentar mejorar la contratación a plazo y, antes de su puesta en marcha efectiva, en 2008, la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) consideró que tenían “un potencial importante para mejorar las condiciones de competencia en el mercado eléctrico, tanto de forma indirecta a través de una mejor gestión de los riesgos del mercado al contado, como de forma directa mediante su impacto sobre la conducta estratégica de los agentes”.
Un potencial que no parece haberse materializado; dos años más tarde, con las Cesur ya plenamente vigentes, el antiguo regulador energético avisó del efecto "inflacionista" de las Cesur, y ya en 2011 llegó a investigar las bruscas subidas de precios que se producían en los días previos a su celebración en el mercado de derivados energéticos bilaterales (OTC).
El proceso, por el que la CNE sólo investigó dos subastas, se cerró a mediados del año pasado sin más consecuencias que las habituales en estos casos: crear un grupo de trabajo, en este caso, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
