El acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar un gobierno de coalición ha despertado en el sector un tema que había quedado ralentizado los últimos meses: la denominada tasa Netflix que los nuevos operadores deberán pagar para financiar RTVE al igual que ya hacen los 'players' tradicionales como Mediaset y Atresmedia.
A comienzos de año, el Gobierno lanzó una consulta pública para que todos los agentes del sector audiovisual aportasen comentarios y sugerencias para la transposición de la directiva 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, "por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual".
Esta directiva actualizará la Ley General de Comunicación Audiovisual, un texto aprobado en el año 2010 que las televisiones consideran que ha quedado desfasado, entre otros motivos, por la irrupción de estos nuevos operadores (y competidores) como Netflix, HBO o Amazon Prime Video.
Las televisiones admiten que son competidores directos y, por tanto, creen que deben jugar con las mismas reglas que ellos, lo que incluye que aporten un porcentaje de sus ingresos para financiar la radiotelevisión pública y el cine español, entre otros deberes.
Economía pregunta al mercado
En la batería de preguntas elaborada por la Secretaría de Estado para el Avance Digital, dependiente del Ministerio de Economía, el Gobierno no pone nombres y apellidos a estos operadores, pero algunas preguntas dejan claro que las autoridades son conscientes de esta asimetría regulatoria, como por ejemplo "¿Qué opinión le merece la armonización de las reglas aplicables a servicios lineales y servicios a petición?" o "¿Considera que el vigente marco regulador es acorde con la situación actual del sector o considera que ha quedado desfasado?".
Según explican desde la citada secretaría, la segunda fase de la transposición, la de audiencia pública, todavía no ha arrancado debido, en parte, a la falta de Gobierno. Aunque el proyecto nunca ha estado parado del todo, los meses de Gobierno en funciones en funciones han ralentizado los trabajos.
En un principio, el calendario que se había diseñado apuntaba que la audiencia pública, paso previo antes de la redacción del anteproyecto de ley, estaría finalizado antes de que acabe el año, algo que difícilmente ocurrirá.
Mismas reglas y obligaciones
Esta misma semana, el presidente de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), Eduardo Olano, señaló durante un encuentro celebrado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que espera que el nuevo Ejecutivo aborde una homogeneización del mercado aprovechando la transposición de la citada directiva.
Durante el encuentro, Olano apuntó a que los grandes grupos españoles están "muy acostumbrados" a competir y resumió de forma breve el gran clamor del sector: "Lo que pedimos es competir en igualdad de condiciones: mismas reglas, mismas obligaciones".
