En la semana del 20 al 26 de julio, a Telefónica le cayeron dos multazos y la apertura de un expediente sancionador. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) arrancó el martes de esa semana con una sanción de 6 millones de euros al ex operador dominante del sector por firmar acuerdos con Yoigo que restringían la competencia. Tres días después, el viernes, el regulador que preside José María Marín Quemada impuso una multa de 15,5 millones de euros a Telefónica y su recién adquirida DTS (Canal+) por actuar de forma concertada en la compra, reventa y explotación de los derechos del fútbol.
Ese mismo viernes, la CNMC puso en marcha un expediente sancionador a la multinacional de las telecos por indicios de irregularidades en la gestión de las averías en las líneas de cobre que le alquilan los operadores alternativos.
Dos semanas después y en pleno agosto, la CNMC ha impuesto una sanción de 30.000 euros por el traslado de tres centrales sin haber informado ni al regulador ni a los operadores alternativos que usan los servicios mayoristas regulados con el preaviso requerido.
El principal operador del sector ve trato "discriminatorio" en la fijación de algunas de las multas impuestas en los últimos meses
Nueve meses antes, a principios de noviembre de 2014, el operador se llevó una multa histórica. Fueron 25,78 millones de euros los que le cayeron a su filial de telefonía móvil por imponer draconianos compromisos de permanencia a sus clientes empresariales (principalmente pymes) que “limitan injustificadamente la capacidad de clientes de cambiar de operador”.
En conjunto, en nueve meses, la compañía de telecomunicaciones ha recibido multas por un monto total de 47,5 millones de euros. Casi 50 millones que la operadora ha recurrido o va a recurrir ante la Audiencia Nacional.
La operadora ya se ha quejado del supuesto trato “discriminatorio” que le dispensa el nuevo regulador, que desde que echó a rodar ha desplegado una intensa actividad. Ha desempolvado expedientes que dormían el sueño de los justos en los cajones de los antiguos reguladores sectoriales (CNC, CNE, CMT…) y se ha volcado en perseguir los abusos de las grandes compañías contra las normas de competencia y la formación de cárteles.
En el punto de mira, el sector de las telecos, el de los carburantes, los cárteles de las basuras y de los fabricantes y concesionarios de automóviles, entre otros.
En el caso de Telefónica, la multa de casi 26 millones de euros fue muy protestada: “Telefónica ha recibido con perplejidad esta decisión de la CNMC, pues consideramos que ni interpreta ni aplica con el mínimo rigor exigible la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de la Unión Europea. La CNMC da una consideración a la relación entre los operadores de telefonía móvil y sus clientes empresariales sin precedentes en la aplicación del derecho de la competencia en España y en toda la UE", señalaron en su día fuentes del entorno del grupo.
La resolución incumple la obligación de "igualdad de trato" y discrimina "claramente" a Telefónica al obviar las conductas idénticas de otros operadores del mercado español. "Si las prácticas ahora sancionadas son restrictivas, lo serán para todos. Lo contrario es evidentemente discriminatorio", añadieron estas fuentes.
