Ni los ciudadanos del norte de Castellón ni los operarios que trabajaban en la plataforma del Castor notaron los más de 500 terremotos que provocó la inyección de gas en el almacén submarino, algunos de ellos de 4,2 grados en la escala Richter.
Así lo piensa y defiende Carlos Barat, ex director general de Escal UGS, la compañía controlada por ACS que explotaba el Castor hasta que el Gobierno decidió compensarle con 1.350 millones de euros por abandonar el proyecto tras el escándalo de los terremotos.
El ex 'número 3' de la compañía, en calidad de imputado (ese término que ahora dicen que hay que sustituir por investigado), ha declarado ante el juez que "la sismicidad de la zona era baja" y que los terremotos que se produjeron entre el 11 de septiembre y principios del mes de octubre de 2013 no pudieron ser perceptibles ni para la población de Peñíscola, Benicarló, Vinaroz y Las Casas de Alcanar, ni para los operarios de la plataforma ubicada 30 kilómetros mar adentro frente a la costa de estos municipios.
Los terremotos alarmaron de tal forma a la población de la zona que el Gobierno se vio obligado a cerrar el Castor dos semanas después de las primeras inyecciones de gas
En línea con lo que en su día dijo ante el juez el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro (también imputado), que minimizó el impacto de los terremotos en la zona, Barat insistió en que los temblores de tierra no se notaron y que no fue necesario un estudio sísmico previo dado que el área es de bajo riesgo, según los "datos científicos" que él mismo maneja. La normativa en vigor entonces "no aconsejaba adoptar precaución alguna" al inyectar el gas bajo tierra, ha afirmado.
Las declaraciones del ex alto cargo de Escal ante el juez han provocado la indignación en esa zona del norte de Castellón, donde la población sufrió en esas semanas decenas de terremotos todos los días que en algunos casos superaron los 4,2 grados.
Hay relatos de ciudadanos de esos municipios y de autoridades locales que en su día describieron el alcance de los sismos, que sin llegar a suponer un riesgo real contra la seguridad de las personas y el medio ambiente provocaron una situación de alarma generalizada.
Los responsables de Escal (ACS) insisten en negar la intensidad de los terremotos y arguyen la "baja sismicidad de la zona"
Hasta el punto de que el Gobierno se vio obligado a cerrar temporalmente el Castor el 27 de septiembre de 2013, ante la avalancha de terremotos, el miedo de la ciudadanía de la zona y las reiteradas peticiones de los alcaldes de la zona.
Barat, sin embargo, ha optado en su declaración por defender que los sismos no tuvieron intensidad suficiente para ser percibidos por la población.
El ex 'número 3' de Escal ha sido el último imputado en declarar de los 20 que han desfilado ante el juez en los últimos meses. La vista continúa estos días con las declaraciones de los testigos y durará aún varios meses, según las fuentes consultadas, dado que el proceso se declaró complejo y el periodo de instrucción se ampliara de seis a 18 meses.
