Los métodos de contratación de determinadas fundaciones públicas dejan mucho que desear, al menos a ojos del Tribunal de Cuentas, cuyo informe sobre la actividad de estas entidades en 2012 no deja títere con cabeza. La institución que preside Ramón Álvarez de Miranda constata anomalías en diversos contratos de fundaciones como las de Enresa, la del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, Genoma España y otras tantas. Los contratos firmados por estas entidades durante el ejercicio examinado por el Tribunal de Cuentas ascendieron a 15,5 millones de euros.
Cerca de una treintena de anomalías aparecen en el citado informe, la mayoría de las cuales relacionadas con la metodología a la hora de adjudicar contratos por parte de las fundaciones de titularidad pública. Así, a la hora de describir la actividad contratante de la Fundación Enresa, el Tribunal de Cuentas concluye que la entidad calificó como “contratos adjudicados por un procedimiento negociado con publicidad una serie de negocios jurídicos que no tuvieron la naturaleza” que se afirmaba en la relación que la fundación envió al Tribunal para que procediera a su fiscalización.
Más en concreto, el Tribunal de Cuentas afirma que lo que la Fundación Enresa presentó como convenios de colaboración con administraciones públicas “han constituido ‘de facto’ entregas dinerarias sin contraprestación, es decir subvenciones”, con la particularidad de que se habrían realizado sin atenerse a la Ley General de Subvenciones, vigente desde 2003.
El informe también detalla como en otros casos los pliegos para realizar la contratación no dejaba constancia de la necesidad e idoneidad del contrato “para satisfacer las necesidades que con él pretenden cubrirse”.
En concreto, el Tribunal de Cuentas señala en este sentido a Genoma España, a la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III y la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III.
Recomendaciones
Otras anomalías recogidas en el informe incluyen los indicios de duplicidad de contratos, la no especificación de los medios a través de los que los aspirantes tenían que demostrar su solvencia técnica y financiera y la concesión de contratos bajo criterios que no estaban explícitos en los pliegos.
En general, el informe considera que las fundaciones cuentan con mecanismos contemplados en sus estatutos para contratar con arreglo a la legislación vigente, lo que no ha sucedido en numerosas oportunidades.
Para algunos casos, el Tribunal de Cuentas no ha tenido en cuenta, por numerosos, todos los contratos que una fundación ha firmado en 2012 sino que ha elaborado una selección significativa.
El informe del Tribunal de Cuentas incluye un total de 16 recomendaciones finales en las que el organismo insta a las fundaciones públicas a mejorar de forma sustancial los sistemas que siguen a la hora de llevar a cabo las contrataciones, especialmente en lo que se refiere a los trámites anteriores a la firma del contrato.
