Un trámite legislativo de México puede costar 470 millones a España o a los antiguos accionistas de Banco Popular. La familia Del Valle y el resto de grandes fortunas aztecas que han presentado un arbitraje internacional frente a España necesitan al Senado de su país para poder presentar el proceso ante el Ciadi, la institución dependiente del Banco Mundial.
No es un mero formalismo, ya que las sentencias del Ciadi son de aplicación obligatoria en los países que tienen suscrito su convenio. España es uno de esos países, pero México hasta ahora no lo era.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto decidió firmar el convenio hace dos meses, pero necesita que sea ratificado por el Senado para que sea de plena aplicación. El trámite está en marcha con una cuenta atrás: las elecciones programadas para el 1 de julio.
Más allá del parón legislativo que supondrán los comicios, el riesgo -para los intereses de Del Valle- es que salga elegido el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, contrario a la firma del convenio del Ciadi. Esta medida es un reclamo de los inversores extranjeros que reclaman mayor seguridad jurídica en México. En caso de que no se ratifique a tiempo, el antiguo accionista de Popular podría presentar el arbitraje ante las Naciones Unidas, cuyos dictámenes no son vinculantes.
Arbitraje
Los Del Valle presentaron el arbitraje internacional contra España el pasado 22 de enero, con una carta dirigida a Mariano Rajoy en el que reclaman 470 millones por sus pérdidas en Banco Popular.
En su escrito, el grupo mexicano acusa al Gobierno español de ignorar alternativas para la entidad financiera antes de la resolución y porque "existen claros indicios de que Santander estaba al tanto de que sería el ganador predeterminado". "Los funcionarios del Gobierno español, presuntamente, tuvieron negociaciones secretas paralelas con el Santander", añaden.
Los Del Valle fueron accionistas de Popular en los momentos clave del grupo y tuvieron un papel determinante en la crisis, precipitando la salida de Ángel Ron junto a la consejera independiente Reyes Calderón, algo que usará España en su defensa.
Junto a Del Valle, hay otros grandes grupos aztecas afectados por Popular que se han sumado a su casa. Como, por ejemplo, Germán Larrea, la segunda mayor fortuna mexicana por detrás de Carlos Slim; las familias De Garay y Rojas Mota Velasco, al frente en la actualidad del grupo de banca de inversión GMB; y Antonio Cosío Ariño.