Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han detenido este martes al dueño de Vitaldent, el empresario uruguayo Ernesto Colman Mena, al vicepresidente Bartolo Conte y varios de sus colaboradores en una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda (Madrid).
Junto con las detenciones, los agentes de la UDEF están llevando a cabo varias entradas y registros para incautarse de documentación que pruebe que el propietario de la mercantil Vitaldent, una de las principales fortunas de España, obligó a sus franquiciados a entregarles pagos en B a la hora de abrir una clínica dental con su marca. Además la Policía se ha incautado de un avión valorado en un millón de euros, 36 vehículos de lujo y fincas en la llamada 'operación Topolino' contra la cúpula de Vitaldent.
Los arrestados formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública.
Los arrestados formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública. Los investigadores sospechan que parte del dinero obtenido con esos pagos en B era desviado por el empresario uruguayo a distintos paraísos fiscales. Para evitar sus obligaciones fiscales, el máximo responsable de la empresa ingresaba los ingresos obtenidos de las franquicias de la marca en entidades bancarias de Suiza o Luxemburgo. Posteriormente, parte de este capital era reinvertido en España mediante la adquisición de bienes inmuebles, vehículos y otros artículos de lujo, culminándose de este modo un proceso de blanqueo. El fraude asciende a 10 millones de euros, según informa Europa Press.
Varios delitos de corrupción
Además de materializar los arrestos y registros, se ha decretado la prohibición de disponer sobre 124 fincas repartidas por toda España. También está previsto el bloqueo de los saldos de las personas físicas y jurídicas objeto de investigación, repartidos en 25 entidades financieras, así como el bloqueo de los activos financieros de dos SICAV por importe de 5 millones de euros, y la prohibición de disponer de otras 103 fincas rústicas.
El procedimiento judicial se inició con las denuncias que varios afectados presentaron en la UDEF contando las distintas irregularidades cometidas por la cúpula de Vitaldent respecto a sus franquiciados.
Los investigadores sospechan que la cúpula de Vitaldent exigía pagos en B a sus franquiciados y que parte de ese dinero era enviado a paraísos fiscales
Según informan fuentes del caso a Vozpópuli, en este procedimiento se investigan distintos delitos económicos como blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y delitos contra la Hacienda Pública.
Dicha investigación judicial permite garantizar la continuidad de las clínicas Vitaldent, tanto por resultar una actuación en defensa de los franquiciados denunciantes como porque los propios franquiciados seguirán con la administración de dichas clínicas, sostiene la Fiscalía Anticorrupción. Vitaldent cuenta con más de 350 clínicas en España y 2.500 odontólogos trabajando en ellas. Las actuaciones están declaradas secretas.
Tras conocerse la operación, la Asociación Española de Franquiciadores (AEF) ha decidido suspender cautelarmente como asociada a Vitaldent por supuestamente vulnerar el código deontológico de las franquicias que obliga a una gestión saneada y transparente.