El tercer trimestre de este año ha sido el primero con pleno control del Estado argentino sobre YPF, la petrolera expropiada a Repsol por el Gobierno de Cristina Kirchner el pasado abril. Y el balance ha sido muy discreto. Entre julio y septiembre, la empresa ganó 756 millones de pesos argentinos (126 millones de euros), un 51% menos que el año anterior, lastrada por los mayores costes y el efecto de la inflación en Argentina. Y lo que es peor para Kirchner, la producción de hidrocarburos, uno de los principales argumentos que utilizó para justificar la expropiación, no despega: la de gas cayó un 1,7% interanual y la de petróleo sólo aumentó un 0,6%, pese a que comparaba con un periodo (2011) marcado por las huelgas.
Los directivos de la petrolera aseguraron este miércoles a los analistas que es “posible” aumentar los precios finales de los combustibles en Argentina (donde YPF tiene una cuota del 57% en gasolina y un 60% en diésel), pero admitieron la imposibilidad de efectuar esas subidas “más rápidamente”, no porque exista “ninguna imposición” del Gobierno, sino por una situación “de mercado”, aseguraron.
No obstante, reconocieron que no ha habido “ninguna mejora” en la producción de hidrocarburos. “No estamos satisfechos con la rentabilidad de este periodo”, resumió uno de los directivos.
Una de las grandes incógnitas respecto a la actual YPF, de dónde va a sacar el dinero necesario para desarrollar el megayacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, sigue sin despejarse. Los directivos de la petrolera, que acumula una caída en bolsa cercana al 45% desde la expropiación, aseguraron que las conversaciones con Chevron y otras compañías “están progresando muy bien”. Los estadounidenses, señalaron, están “impresionados por el nivel técnico del equipo” que encabeza Miguel Galuccio.
Pero YPF sigue sin socio. Y el grupo, aun “bajo la premisa de que tendrá éxito en la búsqueda” de un tercero que aporte fondos, tiene previsto emitir 1.000 millones de dólares en deuda para financiar sus inversiones el año que viene, un objetivo al que no ayuda la decisión de una corte estadounidense de ratificar un fallo que obliga al Estado argentino a remunerar a todos los acreedores de bonos impagados, incluidos los que el Gobierno de Kirchner califica como “fondos buitres”.
La decisión judicial, que ha reavivado el temor a una nueva crisis de deuda en el país, ha generado una ola de ventas de bonos argentinos, disparando el coste de financiación en el país. Según los directivos de YPF, es “muy pronto” aún para saber “qué efectos tendrá a largo plazo en la capacidad de la compañía para captar recursos en el mercado”.
