Enagás ha decidido poner en marcha un proceso de arbitraje contra el Estado de Perú en el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, con el fin de reclamar la inversión llevada a cabo en su día en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP), cuya concesión fue recuperada por el Gobierno local debido a que el consorcio encargado de su construcción y explotación no pudo cerrar la financiación. Desde entonces, Enagás negocia con el Ejecutivo local la forma de percibir los aproximadamente 300 millones de euros invertidos en GSP, según el compromiso de la Administración peruana, aunque el acuerdo no ha sido posible hasta ahora.
De hecho, a finales del pasado año, Enagás anunció la apertura de un procedimiento de trato directo con el Gobierno de Perú, un paso previo a la solicitud del arbitraje, por el que se abría un periodo de seis meses para tratar de alcanzar un acuerdo y evitar así recurrir al Ciadi, lo que finalmente no ha sido posible.
Sin embargo, las negociaciones se han complicado por los cambios en el Ejecutivo peruano, tras la renuncia del ya ex presidente Pedro Pablo Kucinsky, salpicado por las investigaciones que se siguen en torno a presuntos pagos realizados por la constructora brasileña Odebrecht para la financiación de campañas electorales a cambio de adjudicaciones de proyectos. Una investigación que también afecta a otros ex presidentes peruanos como Alejandro Toledo.
A comienzos de 2017, el Gobierno de Perú puso fin a la concesión otorgada al consorcio del que formaba parte Enagás para la construcción del GSP, un proyecto valorado en unos 6.000 millones de euros y que tenía por fin llevar el gas a la zona sur el país andino. La medida vino motivada porque el consorcio fue incapaz de cerrar la financiación en el plazo dado, precisamente debido a la presencia de Odebrecht en su capital (de hecho, era el socio mayoritario).
