Pedro Sánchez acudirá este jueves al Congreso para convalidar su plan de ahorro energético que aprobó el Gobierno a principios de mes. Pero las energéticas están con 'la mosca detrás de la oreja'. "No descartamos que hasta nos sorprenda con el impuesto este jueves", bromea un directivo de una energética del Ibex. Una posibilidad que está descartada, ya que se espera que se apruebe a finales de año. Aunque las grandes compañías ya han avisado de este impacto a sus inversores en sus informes semestrales.

Iberdrola, Endesa, Acciona, Naturgy, Repsol o Acciona han dejado constancia de la incertidumbre regulatoria a la que se enfrenta su sector en España. El riesgo más importante es el impuesto. Una iniciativa que había anunciado Pedro Sánchez tras el consejo de ministros del 25 de junio para exigir al sector que colabore tras sus "beneficios extraordinarios".

PSOE y Unidas Podemos presentaron una proposición de ley para el establecimiento de los gravámenes temporales energético el pasado 28 de julio. Todas las grandes energéticas habían presentado sus cuentas semestrales, excepto Naturgy. La gasista que preside Francisco Reynés registra en su informe presentado en la CNMV que "se plantea un gravamen de carácter temporal para los años 2023 y 2024 que aplicaría a los operadores energéticos considerados principales a efectos de la CNMC, condición que se cumple si el importe neto de la cifra de negocio es superior a 1.000 millones de euros y adicionalmente, sus actividades en el sector energético superen el 50% de su importe neto de la cifra de negocios de los ejercicios 2017, 2018 y 2019".

La obligación de pago nacería el primer día del año 2023 con la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario y sería el resultado de aplicar el 1,2% al importe neto de la cifra de negocio del Grupo consolidado fiscal en el que se integre el operador energético principal. "Esta proposición de ley no ha sido aprobada a la fecha de formulación de los Estados financieros consolidados de Naturgy a 30 de junio de 2022. Si finalmente fuese aprobada conservando su redactado actual, este gravamen tendría un impacto significativo sobre el patrimonio de Naturgy", refleja la compañía en su informe semestral.

Endesa, que presentó sus cuentas un día antes de registrarse la proposición de ley, recuerda en su informe que la cotización de todo el sector se ha visto afectada por la inseguridad de los inversores ante el anuncio por parte del Gobierno de "varias medidas regulatorias que pretenden contener el impacto de los elevados precios eléctricos en el consumidor, algunas de ellas solo anunciadas y pendientes aún de definición, como la minoración de ingresos de generación por la subida de precios del dióxido de carbono (CO2) o la creación de un nuevo impuesto extraordinario al sector”.  

Acciona tampoco quiso entrar en el futuro impuesto sobre las energéticas, aunque si alerta a sus inversores de la minoración del CO2. "En relación a las incertidumbres asociadas del semestre, el hecho de que se ha retomado la tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, que previsiblemente comenzará en septiembre. Existe un alto grado de incertidumbre sobre cual será el alcance final de la propuesta, así como si se permitirá la convivencia de esta nueva medida con las anteriormente descritas, todavía en vigor", detalla a sus inversores la empresa que lideran los Entrecanales.

Diferencias entre las energéticas

Iberdrola guarda la prudencia sobre el futuro impuesto y lo recoge en sus cuentas como otro frente más de su negocio. “Los riesgos regulatorios provenientes de cambios normativos establecidos por los distintos reguladores tales como cambios en la retribución de las actividades reguladas o de las condiciones de suministro exigidas, o en la normativa medioambiental o fiscal”, explica en el informe semestral 

Ignacio Sánchez Galán sí entró en materia en su conferencia con analistas posterior a los resultados. El ejecutivo dejó caer, de nuevo, quién era más merecedor de este este impuesto. "Hasta donde yo sé, las compañías energéticas que están aumentando sus beneficios en Europa son las gasistas y las petroleras, no las eléctricas integradas", informaba el máximo ejecutivo de Iberdrola a los analistas del mercado que siguen a la compañía.

Una acusación a la que tuvo que afrontar Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, un día después ante sus analistas. Imaz aseguró que su compañía "no tiene beneficios caídos del cielo". "La actividad de oil and gas es una actividad a riesgo. No existe una tarifa regulada que asegure la rentabilidad", defendía el directivo de la petrolera. Una compañía que tampoco quiso reflejar este impuesto en su informe, aunque ya dejado claro en público que lo considera "arbitrario".