La Comisión Nacional de la Energía (CNE) busca otra vez director jurídico. El regulador energético publicó este viernes en su web la convocatoria para cubrir la plaza de responsable de sus servicios jurídicos, cuyo plazo se cerrará el próximo día 26.
El puesto se ha quedado vacante tras la dimisión, presentada el pasado 1 de junio, de Miguel Muñoz, que ha fichado por el Ministerio de Hacienda, según fuentes conocedoras del proceso. Su nombre ya no aparece en el organigrama de la institución.
Muñoz, abogado del Estado destinado en Exteriores antes de incorporarse a la CNE, fue nombrado por el regulador el pasado 3 de noviembre tras un proceso similar, en sustitución de Mariano Bacigalupo, que ocupó ese puesto durante cinco años, hasta que, a finales de julio pasado, se convirtió en secretario del consejo de la institución.
La estancia de Muñoz en la CNE ha sido muy corta, de apenas siete meses. Y ha coincidido con un periodo de gran incertidumbre en el seno del organismo que preside Alberto Lafuente, tras la reforma de los reguladores anunciada por el Gobierno en febrero pasado, que consistirá en la absorción, entre otros entes, de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la propia CNE y la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), y en la devolución de algunas de sus competencias al Ejecutivo.
No obstante, y pese a las prisas iniciales del Ejecutivo, cada vez parece más plausible que la reforma, inicialmente prevista para antes de julio, se aplace. El anteproyecto inicial que elaboró la Vicepresidencia no ha convencido a casi nadie, incluyendo a la Comisión Europea.
En la evaluación del programa de estabilidad del Gobierno español que publicó el pasado 30 de mayo, Bruselas considera que "el actual proyecto de ley que crea la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) no garantiza que esta Comisión realizará su actividad reguladora de forma eficaz e independiente".
El organismo, del que apenas hay precedentes en funcionamiento en Europa, dejaría en manos de sólo nueve consejeros (nombrados directamente por el Gobierno) un amplísimo abanico de materias, según el planteamiento inicial del departamento de Soraya Sáenz de Santamaría.
Bruselas ha reclamado que la futura CNMC sea "más eficiente" y considera que "podría fomentar la competitividad en todos los sectores económicos, ya que permitiría el examen desde el punto de vista de la competencia de todas las legislaciones sectoriales antes de su adopción".
