La declaración de la renta del próximo año supondrá más de un disgusto para los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que están cobrando la prestación, y es que podrían tener que pagar a Hacienda.
El principal motivo es que las personas acogidas a un ERTE habrán tenido dos pagadores en 2020: la empresa y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y por tanto la obligatoriedad para hacer la declaración de la renta baja desde los 22.000 euros a los 14.000. A esto hay que añadir la escasa o inexistente retención aplicada a la prestación por desempleo, por lo que la carga tributaria se traslada a la declaración de la renta de 2021.
Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), incide, en conversación con Vozpópuli, en que el hecho de que salga a pagar dependerá de las circunstancias de cada trabajador y señala que afectará a "quienes tienen unas percepciones mayores".
La cuantía a abonar a Hacienda para una persona que no haya trabajado durante los meses del estado de alarma, de marzo a junio, rondará los mil euros. Según cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), podría llegar a los 1.322 euros en el caso de un sueldo bruto medio de 23.646 euros.
Mayor retención de IRPF
"Esto, si no se prevé, puede resultar sorpresivo para quien presente la declaración el año que viene", apunta al respecto Cruzado. Para evitar sustos en la declaración del próximo año, desde Gestha recomiendan pedir al SEPE que retenga el IRPF o solicitar a la propia empresa que haga un ajuste y aplique una mayor retención. "El pago es el mismo, solo que si se retiene mes a mes quizás luego no es tan gravoso como el tener que pagarlo aparte", explica.
Unión Sindical Obrera (USO) ya ha pedido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que los ERTE "no penalicen fiscalmente a los trabajadores afectados", y para ello propone una medida excepcional: que no se considere al SEPE como pagador a efectos de IRPF. De este modo los contribuyentes con ingresos inferiores a los 22.000 euros no tendrán la obligación de presentar la declaración y se evitaría así el problema de ajuste de retenciones.
Los ERTE, hasta septiembre
El Gobierno aprobó este viernes en Consejo de Ministros extraordinario la prórroga de los ERTE hasta septiembre y la extensión de la exoneración de las cotizaciones sociales a cualquier tipo de ERTE —hasta ahora solo se aplicaba a los que son por fuerza mayor—. Una de las consecuencias que se deriva de esta medida es que las empresas que se acojan a las exoneraciones tendrán la obligación de mantener el empleo seis meses.
La prórroga de los ERTE supondrá un gasto para la Seguridad Social entre mediados de marzo y finales de septiembre de entre 10.000 y 11.000 millones de euros, según avanzó en rueda de prensa el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tras cerrar el acuerdo con los agentes sociales.
