La Comisión Europea prefiere una reforma de las pensiones cuya sostenibilidad se garantice de forma automática como la del PP de 2013, que la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado, que es uno de los hitos comprometidos con Bruselas en el Plan de Recuperación a cambio de fondos, y que no lo hace. Así lo ha admitido el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, siempre muy crítico con la reforma del PP, en la presentación de los Presupuestos de su Ministerio.
La reforma de las pensiones de Sánchez supone la derogación de dos de los aspectos más controvertidos de la reforma de 2013, que no han llegado a aplicarse: el índice de revalorización que limitaba las subidas al 0,25% en situaciones de déficit público y el factor de sostenibilidad. El primero se modificará mediante la recuperación del IPC como valor de referencia, mientras que el segundo, que Bruselas veía suficiente, se ha sustituido por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que la Comisión Europea cree que es insuficiente.
El MEI consiste en una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos desde enero de 2023 hasta 2030, que será una cotización adicional finalista para alimentar al fondo de reserva. En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre, cuando la cerró. Pues bien, Pedro Sánchez rebajó a finales de enero el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas. Expertos consultados por este periódico dudan que reúna siquiera 20.000 millones. Poco más que el gasto extra en 2023 por indexar al IPC en 2022.
A partir de 2031, habrá una revisión cada tres años para verificar si este aumento de las contribuciones es suficiente para cubrir el gasto adicional previsto. Si no lo fuera, se establece que el Gobierno de entonces dispondrá de activos del fondo de pensiones hasta un máximo del 0,2% anual.
Si con todo la desviación no fuera cubierta, se prevé que el Ejecutivo de 2034 adopte medidas para paliar el gasto, enmarcadas en el Pacto de Toledo y negociadas con los agentes sociales, hasta un límite del 0,4% del PIB. Si esto todavía no fuera suficiente, se plantea añadir un incremento adicional de la cotización, también con límite en el 0,4% del PIB.
Pues bien, Escrivá empezó a deslizar en septiembre que Bruselas ha puesto en duda el MEI por no ser automático -a diferencia del Factor de Sostenibilidad del PP-. El semiautomatismo al que se refiere Escrivá y que la Comisión rechaza es la enumerada catarata de posibles reformas condicionadas para futuros Gobiernos que ya se prevé que puedan ser necesarias. En cambio, Bruselas quiere que el MEI sea automático, es decir, que garantice de entrada la sostenibilidad.
Desde Inclusión han quitado hierro a la discrepancia, que ven "técnica", y apuntan a incluir algún cambio en el proyecto de ley que tramitará las nuevas reformas de las pensiones que ha empezado a negociar con los agentes sociales para ampliar el cómputo del cálculo y las bases de cotización.
En lo que respecta al MEI, Escrivá ha explicado que la negociación con la Comisión que va a tener lugar no afectará a la subida del 0,6 puntos que entra en vigor en enero ni a la cuantía presupuestada por lo tanto para 2023, de 2.957 millones. Hasta ahora, ha dicho, la discrepancia se ha dado en un nivel técnico con funcionarios de la Comisión que el ministro espera limar él mismo con un nivel de interlocución de Bruselas más elevado. El objetivo, que el Mecanismo sea automático y no semiautomático.
Sin embargo, discrepancia técnica o no, la cuestión es que Bruselas pone en duda la sostenibilidad de sistema y, por lo tanto, del MEI, que no puede arreglarse planteando que sea automático tal cual es ahora mismo. Es decir, el propio semiautomatismo que le ha conferido el Gobierno muestra que el propio Ejecutivo duda de su sostenibilidad. Y si no puede decirse sin ningún cambio más que el MEI pase a ser automático, esto significa que deberá hacerse más estricto, con más subidas de cotizaciones sociales o la fórmula que se establezca. Escrivá ha negado que esto impacte en 2023.
Subida extra de las pensiones mínimas
Del lado de gasto, Escrivá ha abierto la puerta a subir las pensiones mínimas y las no contributivas, así como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2023, año electoral, más del 8,5% que prevén los Presupuestos. En la presentación de los Presupuestos de 2023 del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones así lo ha admitido, preguntado por qué ocurre con la subida extra del 15% de las no contributivas e IMV en vigor desde el pasado julio y hasta el 31 de diciembre y sobre si una subida extra de estos y de las mínimas se podía negociar en las enmiendas. "No está presupuestado en estas Cuentas", ha dicho, pero ha abierto la puerta a que se haga "según cómo evolucionen la coyuntura y la inflación en los próximos meses". Una subida que podría plantearse ya desde enero, pues se perfila como una de las peticiones de los socios del Gobierno en la negociación de enmiendas de los Presupuestos.
Escrivá ha considerado "desconcertante y sorprendente" el comunicado muy crítico de CEOE con la subida de bases máximas de cotización del 8,6% que incluye el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023. Una medida desvelada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero el 6 de octubre en la entrada de las Cuentas en el Congreso, y que se había ocultado a los agentes sociales. El ministro ha insistido en que esto debería hacerse todos los años según el IPC, lo que cree que da "predictibilidad" a las empresas frente a la fórmula de "escopeta de feria", según ha calificado la anterior, y les echa en cara que a su juicio no protestaran cuando el PP las subió un 5% en deflación. Sin embargo, no ha evaluado el impacto de esta subida en los precios en este contexto de inflación desbocada.
Este incremento supondrá, por ejemplo, que la base máxima de cotización del Régimen General, el más numeroso del sistema de la Seguridad Social, pase de los 4.139,4 euros al mes de ahora a 4.495,4 euros, es decir, de 49.672 euros al año a 54.000 euros para 1,7 millones de trabajadores con este salario bruto. Las empresas pagarán 1.616 euros más al año por trabajador, un total de 2.400 millones más, según IEE; los trabajadores, 353 euros más.
Esta subida de bases hay que sumarla a la de 0,6 puntos de tipos que entrará en vigor en enero, en virtud del MEI lo que encarecerá hasta el 9,2% los costes laborales.
El Gobierno planea la eliminación total de los topes salariales a la hora de cotizar para un plazo largo de aproximadamente 30 años. Este proceso se acompañará de un aumento gradual de las pensiones máximas, aunque, según ha advertido Escrivá, no en la misma proporción. A la subida anual con el IPC se le añadirá un "ritmo adicional" de subida, la que se negocia ahora con los agentes sociales, que según el ministro, no impactará en 2023, se tiene que negociar ahora a qué años afecta, ha dicho.
En lo que respecta a las bases mínimas, subirán lo que suba el SMI, que se perfila en una cuantía similar al IPC, según los planes del Ministerio de Trabajo.
El Gobierno proyecta para 2023 un fuerte incremento de la recaudación por cuotas por la elevación de las bases máximas de cotización en un 8,6% y por la evolución prevista para la economía. En concreto, la Seguridad Social ingresará el año próximo 192.102 millones de euros, un 10,6% más que en 2022, de los que 152.075 millones procederán de las cotizaciones sociales, con un crecimiento sobre el ejercicio anterior del 11,5%, lo que le permitirá financiar el 74,5% del Presupuesto total de la institución.
El sistema recibirá además transferencias del Estado por más de 38.900 millones y un préstamo estatal por importe de 10.004 millones. De los 152.075 millones que prevé recaudar la Seguridad Social por cuotas el año próximo, 143.261 millones procederán de las cotizaciones de empresas y trabajadores ocupados, un 12,6% más que en el ejercicio anterior, en tanto que 8.427 millones se ingresarán por cuotas de desempleados, cifra un 3,7% inferior a la del año anterior, y 386 millones tendrán su origen en las cotizaciones por cese de actividad, un 5,6% más.
La elevación de las bases máximas de cotización, que irá asociada a un destope de la pensión máxima, es una de las medidas contempladas en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas y forma parte de lo que se ha venido en llamar la segunda pata de la reforma de pensiones, actualmente en discusión con los agentes sociales. En la documentación que el Ejecutivo envió a la Comisión Europea, el Gobierno se proponía aprobar la elevación gradual de la base máxima de cotización, acompasada de una adaptación a la misma de la pensión máxima, antes de finalizar este año, aunque su implementación abarcaría las próximas tres décadas.
