Eiser no se rinde en su guerra arbitral con España por el recorte a las primas de las renovables. La semana pasada, el tribunal 'ad hoc' de anulación del caso acordó por unanimidad anular el laudo arbitral que obligaba a España a pagar 128 millones al fondo británico por el hachazo a las primas. El tribunal consideró acreditado que uno de los árbitros tenía un conflicto de interés que no desveló y, por tanto, el proceso entero debía ser anulado. España descorchó champán tras lograr tumbar su primer laudo verde y la comunidad jurídica avisó de la relevancia de la decisión para futuras anulaciones, pero para Eiser esto no ha terminado.
Este lunes, la compañía y el Reino de España enviaron al juez norteamericano que lleva la ejecución del laudo un escrito conjunto en el que comunican formalmente la anulación decidida por el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la corte del Banco Mundial. Ambas partes coinciden en señalar que el actual procedimiento ha entrado en vía muerta, pero Eiser considera que como el laudo se ha anulado por una cuestión de forma y no de fondo, no puede considerarse cosa juzgada y no descarta nuevas acciones.
En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la energética advierte que considera que está legitimada para iniciar un nuevo procedimiento arbitral en un futuro próximo por el impacto de los recortes a las primas en sus inversiones. Sostiene que el laudo no ha sido anulado por una cuestión jurídica, sino formal, por lo que entiende que no se ha analizado la validez del fondo del asunto.
El Reino de España rechaza esta pretensión y ha señalado al juez que, en su opinión, el procedimiento sí tiene valor de cosa juzgada y en ningún caso procede iniciar una nueva causa por este asunto.
Primera gran victoria para España
La anulación del laudo Eiser ha sido la primera gran victoria de España en la guerra arbitral por las renovables. Este laudo, dictado en mayo de 2017, fue la primera condena que recibió España por el recorte aprobado a las primas y desde entonces el país acumula una decena de laudos condenatorios que suman más de 1.000 millones de euros en indemnizaciones.
En todos los casos, España mantiene una estrategia jurídica muy similar. Tras recibir el pronunciamiento contrario, solicita la anulación del laudo ante el Ciadi. Si los inversores ponen en marcha el procedimiento de ejecución (generalmente en tribunales extranjeros), España pide a los jueces que paralicen el procedimiento hasta que se decida sobre la anulación. De esta forma, ganan margen de maniobra y dilatan al máximo el proceso.
Cabe recordar que pese al aluvión de laudos contrarios, España todavía no ha pagado ninguna indemnización. El caso Eiser es el que está más avanzado de todos (también es el más antiguo) pero lo cierto es que, como se apuntaba antes, no se ha anulado por una cuestión jurídica. A este respecto, resulta clave esperar a ver cómo se resuelven el resto de peticiones de anulación. Salvo que España pueda acreditar nuevos conflictos de interés en otros laudos, el país debe 'desmontar' el andamiaje legal de los laudos para evitar el pago de una factura que ya suma cuatro cifras.
