Renfe tardará aún un poco más en tener competencia en el sector de viajeros. España se ha unido al extenso grupo de países miembros de la Unión Europea que se ha acogido a la opción de solicitar una prórroga para la implantación del llamado cuarto paquete ferroviario, que incluye la obligación de liberalizar el transporte de viajeros. En principio, la fecha límite era la junio de este 2019 recién comenzado. Para España y los otros 16 países que han solicitado la prórroga, el plazo se extiende doce meses más.
La solicitud oficial de la prórroga no supone una sorpresa para el mercado, que ya tenía asumido que España retrasaría la trasposición de las directivas incluidas en el cuarto paquete. El primer Gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo un intento, que resultó fallido, de adelantarse a la fecha límite de 2019 y expedir un título habilitante para operar en una de las líneas de la red de alta velocidad. Tras casi un año de Ejecutivo en funciones, el Gobierno que tomó el relevo de aquel (y que también lideraba Rajoy) optó por apurar los plazos que daba Bruselas para que todo estuviera listo a partir de 2020.
Ahora habrá que esperar algo más, toda vez que será poco probable que haya trenes de pasajeros diferentes de los de Renfe circulando por la red española antes del año 2021. El Gobierno se ha dado más tiempo para preparar la trasposición de las directivas, que dará lugar al cuerpo legislativo por el que se regirá el funcionamiento del mercado liberalizado. Las prioridades del Ministerio de Fomento, ya desde la época de Íñigo de la Serna, pasan por otras vías, aunque el tiempo comienza a agotarse.
De esta forma, menos de una decena de estados miembros comenzarán a aplicar la liberalización a mediados del presente año. La Comisión Europea contemplaba la posibilidad de la prórroga para una adaptación más cómoda y paulatina al nuevo escenario.
Incertidumbres
Así, Renfe dispondrá de algo más de tiempo con el fin de prepararse para la llegada de la competencia, un aspecto en el que la empresa pública ha sido especialmente activa en los últimos años, sobre todo en lo que se refiere a la red de alta velocidad, tanto desde el punto de vista comercial como del equipamiento.
En cambio, a las compañías privadas les tocará esperar un poco más, recorrer más de un camino que se está haciendo demasiado largo. En la actualidad, un total de 27 sociedades cuentan con licencia ferroviaria para el transporte de viajeros en el registro especial de Adif. De ellas, 15 poseen además el correspondiente certificado de seguridad, que les permitiría operar cuando se produzca la apertura del mercado.
A ellas hay que añadir el caso de la compañía pública francesa SNCF, que cuenta tanto con licencia como con certificado de seguridad especiales para empresas que tienen licencia en otro estado miembro de la Unión Europea. Precisamente, ésta es una de las incertidumbres que planean sobre la apertura del mercado: la llegada de otras empresas públicas para competir con Renfe en el territorio nacional.
Acciona quiere entrar ya
Además, antes incluso de la apertura del mercado español, Renfe podría comenzar a tener competencia. Este martes se conoció que Acciona ha comunicado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el acuerdo alcanzado recientemente para aliarse con Ilsa, sociedad de los dueños de Air Nostrum que ya tiene autorización para convertirse en el primer operador ferroviario privado que entre a competir con Renfe en el AVE.
Ilsa ya ha obtenido permiso para empezar a operar un AVE internacional entre Madrid y Montpellier, toda vez que las líneas transfronterizas ya están liberalizadas. Se trata de una línea que, a pesar de su carácter internacional, contempla realizar paradas en Zaragoza y Barcelona, con lo que, en la práctica, competiría con el AVE de Renfe, y también con el puente aéreo, en el trayecto Madrid-Barcelona.
