España ha pagado caro el precio de su orgullo. Pese a que Guindos exhibiese una sonrisa al tiempo que afirmaba que las condiciones eran inmejorables para España, la poca letra pequeña que se conocía huele a otra cosa. Más bien refleja la desconfianza de las autoridades europeas hacia el Gabinete de Mariano Rajoy, incapaz de reconducir su economía. A partir de ahora, los controles de la UE sobre las cuentas públicas, las comunidades autónomas y la banca serán mucho más férreos.
El Gobierno español no toma medidas con la velocidad y contundencia necesarias, confesaban algunas fuentes de Bruselas hasta hace escasos días. Sin embargo, forzado por el alto interés de la financiación, el Ejecutivo del PP ayer hincó las rodillas. En Bruselas no ha tenido más remedio que capitular, mostrar buena voluntad, reconocer que el ajuste se había convertido en misión imposible, admitir el descontrol de las comunidades autónomas y presentar un duro plan de ajuste acorde a las indicaciones de la Troika con el que compensar la desviación. El Gobierno acabará con los viernes de dolores y lo anunciará todo de una sola vez, tal y como le pedían en Europa.
Después del baile de cifras de déficit y el fiasco de Bankia, las medidas acordadas dejan claro que la UE no se fía de España. La resistencia hasta hace escasos días del Gabinete de Mariano Rajoy no ha gustado en Bruselas. Y ahora a cambio de la relajación de las metas de déficit con un año más y un 6,3 por ciento de objetivo para 2012, el Ejecutivo tendrá que presentar unos presupuestos bianuales, deberá aplicar más ajustes desde mañana mismo, habrá de instaurar un instituto fiscal independiente que certifique la veracidad de los datos de déficit y la marcha de las cuentas será revisada cada tres meses en una suerte de intervención blanda.
A cambio del rescate bancario y los 30.000 millones antes de finales de mes con un tipo alrededor del 4 por ciento y un plazo de 12 años y medio, la supervisión bancaria se entregará al BCE, se impondrán pérdidas sobre los acreedores de bancos como en el caso de las preferentes, se liquidarán entidades si se precisa, se creará el banco malo, habrá mayores reservas de capital hasta el 9 por ciento y se forzarán las desinversiones del sector financiero. Para colmo, en estas negociaciones se han perdido dos puestos clave en el BCE y el mecanismo de rescate permanente, el MEDE, a los que aspiraba España de acuerdo a su tamaño en la Unión.
Las quejas europeas sobre España se han centrado principalmente en tres puntos: por un lado, la incapacidad del Estado central para imponer el ajuste en las comunidades autónomas. El Gobierno ha tapado con sus adelantos de fondos las dificultades de los gobiernos regionales. E incluso existe una honda preocupación por si no harán falta líneas de asistencia para evitar la suspensión de pagos de un par de ellas.
Por otro, la lentitud en la reforma financiera. La Troika se ha quejado a las instituciones españolas de que todo el proceso marcha con demasiado retraso.
Además, de dónde no hay no se puede sacar y el déficit proyectado en la actualidad apunta al entorno del 8 por ciento debido a la caída de la recaudación y los aumentos de los gastos por paro y pensiones. Parece muy difícil llegar al 6,3 por ciento fijado ahora incluso con los ajustes que se avecinan, porque afectarán al consumo y la actividad deprimiendo aún más los ingresos.
