La recaudación del Estado por el impuesto de matriculación –aunque transferido luego a las Comunidades Autónomas– rozó los 61 millones de euros el pasado octubre, lo que representa un fuerte incremento del 180,95% en comparación con los 21,68 millones de euros contabilizados en el mismo mes de 2021, período en el que se registraron bajos volúmenes comerciales por, entre otros factores, los problemas con los semiconductores.
Según datos de la Agencia Tributaria recogidos, las comunidades autónomas percibieron 521,13 millones de euros por este gravamen entre enero y octubre del año actual, un 26,57% de crecimiento respecto al mismo período del ejercicio anterior.
Las arcas públicas ingresaron 783 euros de media por cada vehículo matriculado en España en octubre, unos 488 euros más que en el décimo mes de 2021, mientras que en lo que va de ejercicio la cuota media fue de 734 euros (581 euros en el mismo periodo de 2021).
Los clientes españoles que compraron vehículos en octubre pagaron un precio medio incluido el impuesto de matriculación de 22.199 euros, lo que se traduce en una subida del 2,45%, lo que supone 532 euros más, en comparación con el mismo mes de 2021. Asimismo, el precio medio abonado en el acumulado hasta octubre fue de 21.965 euros, un 7,78% de aumento.
En octubre, los coches matriculados emitían de media 123 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro, lo mismo que un año antes. En tanto, en los diez primeros meses del año se recortaron los niveles de emisiones medias en 4 g/km en relación con el mismo periodo de 2021, hasta 122 gramos por kilómetro.
El importe total de los vehículos matriculados en España en octubre, según recoge EP, se situó en 1.665 millones de euros, un 6,08% de subida interanual, mientras que en el acumulado hasta octubre el valor de los vehículos fue de 15.073 millones de euros, un 7,49% de progresión frente al mismo periodo del ejercicio anterior.
Bajar impuestos para el coche eléctrico
Una recaudación por el impuesto de matriculación especialmente elevada en el caso de los coches eléctricos por su mayor precio y que para Anfac es uno de los motivos, junto a unas ayudas ineficaces en lo que al Plan Moves se refiere, que está evitando un desarrollo más rápido de estos modelos, que siguen muy por debajo en cuota de mercado de lo previsto para este 2022.
Por ello, tanto Anfac como la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) y los sindicatos CC.OO. y UGT, han pedido al Gobierno una reforma fiscal que incentive la compra de vehículos eléctricos y sin penalizar la adquisición de uno nuevo con otra tecnología.
"Creemos en una fiscalidad más orientada al uso, que premie y a la vez incentive la compra de vehículos eléctricos pero sin penalizar la compra de un vehículo nuevo independientemente de su tecnología, pues esa compra supone renovación de parque hacia uno más limpio y eficiente", según figura en el paquete de 17 medidas que las cuatro organizaciones han propuesto al Ejecutivo para impulsar la industria del automóvil en España.
Las organizaciones que suscriben el documento han recordado al Gobierno que en su 'Plan de impulso a la cadena de valor de la industria de la automoción' se recoge la necesidad de abordar una "reforma integral de la fiscalidad sobre vehículos en coordinación con las administraciones territoriales, que son las que finalmente reciben tanto el impuesto de circulación como el de matriculación.
En esa línea, el manifiesto también apunta la necesidad de "mejorar la eficacia" del tercer Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible, el conocido Plan Moves, y si bien los autores reconocen que tiene una "elevada dotación" y está "mejor diseñado" que sus antecesores, instan al Gobierno a "aumentar la velocidad de utilización" de estos fondos y a una gestión más sencilla para los clientes, que para recibir las ayudas se ven envueltos en muchas trabas burocráticas y en plazos que alcanzan el año
