Una de las grandes reformas de la próxima legislatura será la del sistema de financiación autonómica. Cristóbal Montoro se comprometió a ponerla en marcha la legislatura pasada, pero al final tuvo que aplazarla. “No hay dinero”, llegó a decir el ministro. Es un tema que no ocupa muchas páginas en los periódicos, pero al que sí dedican mucho tiempo algunos organismos económicos como Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que lleva tiempo presentando informes sobre esta materia y haciendo propuestas. La última, elaborada por el profesor Ignacio Zubiri, de la Universidad del País Vasco, ésta misma semana.
En esta propuesta el autor repasa las características del sistema actual, analiza sus resultados financieros, pone de manifiesto los problemas que hay que resolver y propone un sistema alternativo. Entre los problemas del sistema actual, Zubiri señala la situación de Cataluña en el sistema común, un tema que considera “una cuestión política” que transciende a los elementos técnicos del sistema. A pesar del problema que supone, el informe que Fedea hace suyo deja claro que Cataluña tiene que formar parte del sistema sí o sí y que no puede convertirse en una comunidad foral como el País Vasco o Navarra.
Los 4 motivos
¿Por qué? Para Zubiri hay cuatro motivos fundamentales: porque la salida de Cataluña del sistema común supondría una reducción considerable de ingresos para las demás regiones que habría que suplir, probablemente, con más impuestos. Porque otras comunidades que podrían beneficiarse de un sistema foral lo solicitarían después de Cataluña, como Madrid o Baleares. Porque la descentralización de la recaudación catalana supondría un aumento de la presión fiscal indirecta para las empresas. Y porque podría generar un aumento considerable del fraude al provocar problemas de intercambio de información o coordinación.
“En realidad, el sistema foral solo se puede mantener como una singularidad en las comunidades que ya lo tienen, no extendiéndolo a más comunidades autónomas”, sostiene el informe. El régimen foral deja fuera de la financiación autonómica a las dos regiones que lo disfrutan (Navarra y País Vasco), que mantienen, establecen y regulan su propio régimen tributario. Esto significa que gestionan, liquidan, recaudan y hacen las labores de inspección de la mayoría de los impuestos. Los ingresos fiscales quedan en su poder y los dos territorios contribuyen a la financiación de las cargas generales del Estado a través de una cantidad denominada 'cupo' o 'aportación'.
Fedea cree que hay que reformar el sistema actual porque está plagado de problemas y no garantiza un reparto equilibrado del dinero
Según Fedea, este sistema no vale para Cataluña, que debe seguir formando parte del sistema de financiación común cuando se reforme. ¿Por qué hay que cambiarlo? La fundación sostiene que el sistema actual es el resultado de un largo proceso en el que muchas veces lo político ha primado sobre lo económico, lo que ha provocado que las sucesivas reformas hayan ido complicándolo poco a poco. “El resultado es un sistema como el actual plagado de problemas”, sostiene.
Además, el sistema es “poco transparente” y se basa en una infinidad de fondos y subfondos que al final distorsionan el resultado y hacen que las comunidades reciban cantidades que no tienen nada que ver con sus indicadores de necesidad. Los más ricos obtienen menos recursos que los más pobres y comunidades similares reciben recursos muy diferentes. ¿Y qué propone ahora Fedea? Un sistema más sencillo basado en un único fondo redistributivo para garantizar los servicios básicos y un componente territorial que premie a las comunidades que más recaudan.
El fondo común se repartiría en función de la población y se dotaría a partir de una cesta de impuestos actualmente cedidos más lo que aporte el Estado cada año a la financiación de las comunidades. En concreto, incluiría parte del IRPF cedido, todo el IVA cedido y los Impuestos Especiales. Para que fuera algo equilibrado, las comunidades tendrían que determinar de forma conjunta los tipos que corresponderían a su parte de IVA y Especiales, algo que actualmente no pueden hacer. Y también tendrían que decidir de forma consensuada la parte del IRPF cedido que incorporarían al fondo.
La fundación sostiene que su propuesta permite un sistema más transparente y sencillo para las comunidades y para los ciudadanos
Con este fondo se garantizaría un nivel de recursos per cápita igual para todas las comunidades. Y a ese mínimo básico cada comunidad podría sumar lo que recaude de los impuestos tradicionalmente cedidos y la parte de IRPF que no esté incorporada en el fondo. Esta parte más territorial del nuevo sistema beneficiaría a las que más recaudan y haría que no se sintieran maltratadas por el sistema y obligadas a financiar a otras, como ocurre ahora.
Con una propuesta así, explica el informe, el sistema sería más transparente y sencillo. Sin fondos ni reglas que sesgaran los resultados. Además, cada región sabría en todo momento cuánto aporta al sistema y cuánto recibe del mismo. Y el coste de las comunidades sería más visible para los ciudadanos. Y lo más importante, se acabaría con un sistema inestable que se ha modificado, casi siempre, con intereses partidistas.
