El fiscal Emilio Sánchez Ulled, que ha concluido la investigación del expolio del Palau de la Música, cree acreditado que Ferrovial pagó comisiones ilícitas a CDC por la adjudicación de las obras de la línea 9 del metro, del pabellón municipal de Sant Cugat y de la Ciudad de la Justicia. En el escrito que hoy ha presentado en el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, el fiscal anticorrupción concluye que, "dentro del flujo global de comisiones ilícitas", la investigación ha permitido "identificar algunas que se hallan vinculadas individualizadamente a obras públicas muy concretas".
En algunos casos, señala el fiscal, porque corresponden "a los inicios de la relación ilícita Ferrovial-Palau-CDC, bien porque se trata de obras de inusitada envergadura, de las más importantes acometidas en Cataluña, lo que motivó que fueran objeto de cómputo diferenciado y dilatados aplazamientos de pago dado su elevadísimo importe y trascendencia cualitativa y temporal". El fiscal señala la obra de revestimiento de la acequia Bellet, en el margen del río Ebro, que fue adjudicada el 23 de noviembre de 2000 a Ferrovial por más de 2,6 millones de euros (429 millones de pesetas de la época) y la construcción del pabellón municipal de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), adjudicada a Ferrovial el 29 de abril de 2002 por 4,1 millones de euros.
También asegura que se pagaron comisiones ilícitas a CDC por la construcción de la línea 9 del metro, un proyecto dividido en diversos tramos, con un presupuesto global de 2.350 millones de euros y que dio lugar hasta 30 contratos independientes. El fiscal explica que Ferrovial concurrió a este macroproyecto formando parte de una UTE en la que tenía el 20% de participación y que ésta UTE fue adjudicataria de 9 de los tramos de la obra por un importe total de más de 890 millones de euros.
Igualmente, Ferrovial formaba parte de la UTE que se adjudicó, el 22 de julio de 2003, el concurso para construir la Ciudad de la Justicia, con una inversión prevista de 263 millones de euros, y una contraprestación total de la Generalitat para el mantenimiento y explotación de los edificios durante 35 años de otros 486 millones. "La comisión ilícita con que se compraba el influjo del partido en las autoridades consistía, por regla general, en el 4 % del importe de las adjudicaciones, del cual un 2,5% se asignaba a Convergència Democràtica de Cataluña y un 1,5 % a retribuir los interesados oficios de los intermediarios (Fèxlis) Millet y (Jordi) Montull -exresponsables del Palau- (quienes a su vez se lo distribuían en un porcentaje del 80% y el 20% respectivamente)", concluye el fiscal.
