¿Puede un joven que a duras penas mantiene su puesto de trabajo y cobra poco más que unos mil euros sufragar con sus cotizaciones unas pensiones que en algunos casos alcanzan los 2.400 euros? ¿Es sostenible y solidario un sistema basado en esa hipótesis cuando esos jubilados tienen en su mayoría la vivienda pagada, la sanidad y los medicamentos gratis o el trasporte subvencionado y además están dejando como legado un montante de deuda que tardará años en amortizarse y unos precios inmobiliarios hinchados?
Según muchos expertos, la clave de cualquier reforma para que el sistema de pensiones sea sostenible reside en atajar un hecho: en España, la cuantía inicial de la pensión suele quedarse en un 80 por ciento de lo que se cobraba en el último sueldo, un porcentaje que en el resto de Europa se reduce al 60 por ciento.
Un informe interno de la Seguridad Social asegura que el sistema brinda a sus beneficiarios entre 2,5 veces y 7 veces lo aportado. ¿Por qué? Entre otras razones porque hacia la parte final de la carrera laboral se gana mucho más y el cálculo de la pensión sólo se elabora sobre los últimos años trabajados; porque los complementos a mínimos se han ido subiendo año sí y año también, elevando el gasto en esta partida hasta un 40 por ciento desde 2002; porque los salarios más bajos reciben como pensión hasta un cien por cien del último sueldo debido a que tienen derecho a los complementos a mínimos; porque un 80 por ciento de los autónomos eligen cotizar por la mínima para luego redondearlo al alza con los complementos a mínimos; porque un 20 por ciento de los desembolsos de la Seguridad Social se destinan a viudedad y orfandad, unas prestaciones que en otros países sólo son asistenciales y se financian con impuestos; y porque todos los regímenes distintos del general, como por ejemplo el agrario, son deficitarios y por lo tanto han de ser subsidiados por el general.
En definitiva, porque aunque hay casos de gente que cotiza 45 años y sólo cobra durante 5, ahora mismo basta con cotizar 15 años por la mínima para jubilarse, engordar la cuantía por obra y gracia de los complementos a mínimos y vivir de ello durante 25 años, obteniendo todos los ejercicios una revalorización según el IPC.
De acuerdo con un estudio de Funcas y los datos del INE, los pensionistas son el grupo que menos capacidad adquisitiva ha perdido desde que estalló la burbuja. Durante la crisis, mientras que las rentas brutas de los salarios se han desplomado en unos 48.000 millones, las de los pensionistas se han incrementado en 31.000 millones. En un caso por la pérdida de empleos y las bajadas de salarios, y en otro por el mayor número de pensionistas y las prestaciones más altas.
Semejantes rendimientos no los da ningún plan de pensiones privado. Las ventajas de este formato son muchas: el jubilado no vive al albur de los vaivenes de la bolsa, depende mucho menos del ciclo económico y, por supuesto, el Estado presuntamente nunca quiebra. Por ello, es bueno que este sistema de reparto se mantenga. Ahora bien, ¿no habría que preservarlo de forma que no suponga dejar un triste erial para las generaciones siguientes y que éstas un buen día no descubran que de repente se ha secado la vaca?
Reformas en toda Europa
Los sistemas de pensiones modernos se fundan gracias a los trabajos de Lord Beveridge y el canciller Bismarck. El primero sentó las bases del modelo anglosajón, que consistía en una pensión única o ‘flat rate’ al que se añadía un complemento aportado por las empresas. El esquema del germano, que también se implantó en España, se basó en que el factor trabajo financiaba las pensiones. Sólo que Bismark fijó una edad de retiro muy cercana a la esperanza de vida.
En la actualidad, ninguno de los dos planteamientos permanece igual que se concibió. Las guerras de la primera mitad del siglo XX barrieron generaciones enteras y dibujaron la estructura poblacional de una pirámide. Pero conforme la demografía evolucionaba y el ‘baby boom’ maduraba, el perfil se abombó y las reformas se hicieron obligatorias. Naciones como Suecia, Dinamarca, Austria o Alemania han operado cambios en los sistemas para que sus ingresos se completen con impuestos.
Los desequilibrios de España
En nuestro país, los actuarios vaticinaban el primer déficit por causas demográficas allá por el 2023. Sin embargo, la crisis ha acelerado la aparición del agujero. El año pasado el desfase entre ingresos y gastos rondó los 10.000 millones.
En estos momentos, hay tan sólo dos trabajadores por pensión. El gasto en prestaciones de la Seguridad Social ha subido un 76 por ciento en la última década al tiempo que el número de cotizantes ha vuelto a los niveles de 2003. Es decir, mientras que en diez años el gasto en pensiones se ha elevado desde los 61.887 millones de 2003 hasta los 108.825 millones previstos para este ejercicio, el empleo que lo sustenta ha perdido tres millones de ocupados desde su pico de 2007. Menos recursos financian una partida que engorda con indiferencia de los ingresos.
Quizás esos 19,2 millones de afiliados a la Seguridad Social que había en 2007 podrían con todo, incluso generarían ahora un superávit. ¿Pero quién es el guapo que toma la cartera de Empleo y crea tres millones más de ocupados en un mundo en el que, para colmo, se compite por los puestos de trabajo con países que no tienen esas cargas y practican el ‘dumping social’?
Y en cualquier caso, el pleno empleo no garantiza nada una vez la demografía impone su ley. Alemania y Japón disfrutan de tasas de ocupación altísimas y aún así se han visto obligados a aprobar reformas que están vigentes desde 2005. Con pleno empleo y la reforma en vigor, los alemanes han podido subir las pensiones en un año hasta un 4 por ciento, pero también las han revalorizado otro año poco más de un 0 por ciento, de acuerdo con la marcha de las cuentas.
La reforma de Zapatero, diluida
Después de que en una sola noche llamasen por teléfono a Zapatero los mismísimos Merkel, Hu Jintao y Obama, el cambio en la política de las pensiones fue imperativo. Sin embargo, el impulso inicial se fue diluyendo. La reforma socialista confeccionó sus proyecciones sobre el empleo que había en 2006. Es decir, la marcha del mercado laboral ya ha destrozado cualquier escenario previsto en los cálculos de esa reforma. Y para colmo, a su paso por el Parlamento, todas las medidas se aguaron y se pospuso su pleno impacto hasta 2027. Hoy nadie piensa que esta legislación sea suficiente.
La esperanza de vida aumenta unos 16 meses cada 10 años. Y la generación del ‘baby boom’ se empezará a retirar en España a principios de la próxima década. Hace treinta años sólo un 3 por ciento de los ciudadanos cotizaba por la base máxima. Hoy cotiza por la máxima un 20 por ciento, lo que conlleva pensiones mucho más caras. Todas estas tensiones pueden acabar rompiendo las costuras del sistema.
La buena labor de los expertos
En esta circunstancias, empujados por Bruselas, se plantea una nueva reforma. El comité de expertos ha llevado a cabo un buen trabajo se mire por donde se mire. Han diseñado una fórmula de sostenibilidad del sistema que sigue los patrones de lo que se ha hecho en otros países europeos. No hay nada nuevo bajo el sol. Por un lado, han creado una fórmula de revalorización de las pensiones que las liga a los ingresos y gastos del sistema en ciclos de una década.
Ello conlleva que las pensiones podrían subir o bajar, pero los sabios han recomendado que para las existentes se ponga un suelo y por lo tanto nunca bajen en términos nominales, aunque sí puedan perder capacidad adquisitiva respecto al IPC. Lo más probable es que este formato de actualización entre ya en vigor en 2014.
Por otro lado, los expertos han pergeñado una nueva fórmula por la cual un beneficiario nunca se llevará un montante total mayor por vivir más años. Podrá tener unas bases de cotización más altas y por ello cobrar más, pero con la misma cotización una generación se embolsará la misma cantidad que otra que viva menos años. Simplemente se dividirá la esperanza de vida del año de referencia por la esperanza de vida del año en que se empiece a cobrar la pensión, y el resultado, que arrojará una cifra menor que uno, se multiplica por la cuantía inicial. Según las estimaciones demográficas del INE, la prestación inicial se reducirá a razón del 5 por ciento cada diez años. Este coeficiente sólo se aplicará a las nuevas pensiones y podría aprobarse para 2019.
Pese a que este tipo de cambios se estén aplicando en todos los países de nuestro entorno, aquí ha ocurrido un linchamiento mediático sobre los expertos porque nadie da la cara para explicar con claridad la situación. En Suecia, el Gobierno inició la reflexión enviando a todos sus ciudadanos la llamada carta naranja, en la que incluía todos las previsiones. Tras un año entero de debate público, los suecos decidieron poner en marcha un sistema de cuentas nocionales por el cual se devuelve como pensión lo que se ha ingresado más unos intereses. Este esquema implicó que las prestaciones se rebajasen hasta un 50 por ciento y luego hubiese que completarlas con los ingresos procedentes de impuestos.
¿Y ahora qué?
Pese a que España dispone de 63.000 millones en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, estos recursos están invertidos sobre todo en deuda pública española, y las actuales circunstancias desaconsejan vaciarlo de aquí a 2019. El Gobierno tiene que tomar medidas ya. Los expertos han dado unas pautas, pero advierten que resultan insuficientes para garantizar el buen funcionamiento del sistema a medio y largo plazo. Si España ahora destina un 10 por ciento del PIB a las pensiones, los políticos deberán decidir si se puede gastar por ejemplo un 13 por ciento, una cifra más acorde con las manejadas en países de nuestro entorno.
Sin embargo, ahí encontraremos un nuevo obstáculo. Ese 10 por ciento del PIB representa un esfuerzo mayor si tenemos en cuenta que en España el Estado difícilmente llega a recabar un 35 por ciento del PIB, frente a los ingresos del entorno del 45 e incluso del 50 por ciento de esos países europeos con los que nos comparamos.
El Gobierno ha dado seis semanas para alcanzar un consenso a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y a los agentes sociales. El Ministerio de Empleo está dispuesto a un buen número de concesiones para rubricar un acuerdo. Pero los socialistas se la tienen guardada a Rajoy por la irresponsabilidad de criticar tanto a Zapatero cuando congeló las pensiones. Los sindicatos también desempeñarán un papel muy importante. El lunes comienzan seis semanas decisivas para el futuro de las pensiones.
