El Gobierno sólo ha repartido uno de cada cuatro euros presupuestados en ayudas a empresas y autónomos afectados por la covid-19. A raíz de la pandemia, el Ejecutivo ha puesto en marcha varios fondos con este objetivo: uno de 7.000 millones de euros a fondo perdido para pymes y autónomos, y otros dos para financiar a empresas en apuros (con 10.000 millones para grandes entidades que gestiona la SEPI y 1.000 millones para pequeñas y medianas a cargo de Cofides). En total, 18.000 millones en ayudas públicas de los que sólo se han ejecutado 4.880 millones. Esto es el 27% del total.
El dinero no está llegando a su destino al ritmo esperado por ninguna de las vías abiertas. Según las estimaciones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), del fondo de ayudas directas a pymes y autónomos aprobado en marzo sólo se ha ejecutado la mitad del presupuesto, 3.500 millones de un total de 7.000 millones.
El Gobierno ha delegado su gestión en las comunidades autónomas, generando "todo tipo de trabas normativas" y "frustrando parcialmente" su ejecución, según Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas. Las empresas y autónomos deben justificar que han perdido al menos un 30% de sus ingresos en 2020 para conseguir estas transferencias directas no reembolsables, además de demostrar que destinarán el dinero a pagar gastos fijos, deudas o pérdidas contables. Las fuentes empresariales apelan a estos trámites "farragosos" como una de las principales problemáticas del fondo.
De hecho, en un primer momento se penalizaba a aquellos empresarios que hubieran pagado a tiempo sus facturas, lo que llevó a algunas comunidades como Madrid a alertar de que parte de los fondos podrían quedarse sin cubrir por culpa de estos criterios de elegibilidad. Con todo, desde Cepyme explican a Vozpópuli que si bien cualquier entrada de liquidez es buena, las ayudas directas "han perdido esa oportunidad que tenían de inyectar el dinero justo en el momento oportuno de reactivar la economía".
Para Torres, este es "es sólo un ejemplo que contribuye a explicar la desaparición de empresas que hubieran podido sobrevivir y, posteriormente, nutrir la expansión". Y es que a este fondo de ayudas directas se suman los otros dos, gestionados por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y Cofides (Compañía Española de Financiación del Desarrollo), y destinados a 'salvar' a grandes, medianas y pequeñas empresas mediante participación en el capital social, préstamos participativos u otros instrumentos financieros.
Sin rescates en el fondo de Cofides
De momento, y tras un año y medio en funcionamiento, la SEPI ha aprobado ocho rescates por un valor de 1.380 millones con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Este mecanismo, dotado de 10.000 millones para rescatar a grandes empresas (con peticiones mínimas de 25 millones), sufrió un parón tras aprobar el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra en marzo. Las beneficiarias hasta ahora son Air Europa (475 millones), Ávoris (320 millones), Duro Felguera (120 millones), Plus Ultra (53 millones), Hotusa (241 millones), Tubos Reunidos (115 millones), Rugui Steel (25 millones) y Airtificial (34 millones). Es decir, que sólo se ha ejecutado un 14% del fondo.
Finalmente, el último en ponerse en marcha, el Fondo de Recapitalización de pymes que gestiona Cofides, todavía no ha rescatado a ninguna empresa. Las solicitudes están abiertas desde finales de junio de este año. Esta semana está previsto que se celebre una reunión del Comité Técnico de Inversiones del fondo para someter a aprobación la primera solicitud de financiación, que debe oscilar entre los 3 y los 25 millones. Entre las compañías que han acudido al fondo de Industria están Pangea (15 millones), Lladró (8 millones), Martínez Otero (4,1 millones), AlbaStar (15 millones), Relais Termal (21,6 millones), Grupo Pachá (25 millones), Garden Hotels (18,6 millones) o Grupo Tragaluz (5,5 millones).
Dentro de las ayudas a empresas, también están los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), un instrumento que ha llevado un paso más ligero desde su creación al inicio de la pandemia. Sin embargo, en ese caso no es el estado quien financia a las entidades, sino los propios bancos. Para todos los casos, la Comisión Europea (CE) ha alargado seis meses -hasta junio de 2022- el periodo para conceder ayudas a entidades privadas dañadas por la crisis sanitaria, y con él también se extiende el plazo que los países tienen para rendir cuentas sobre las decisiones adoptadas.
Retraso en los fondos europeos
Finalmente, la ejecución de los fondos europeos también va con retraso. Las proyecciones del Banco de España (BdE) se centran en que este año se realizarán proyectos vinculados a estos fondos por algo más de 11.000 millones, frente a los casi 27.000 millones presupuestados. No obstante, según un recuento estimativo realizado por Funcas a partir del portal oficial, las convocatorias cerradas o aprobadas no alcanzan los 850 millones y, si se añaden las que están en curso, el total es de apenas 5.700 millones.
El propio Ministerio de Hacienda reconoce que de momento sólo ha "reconocido obligaciones" por cerca del 35% de esos fondos (unos 9.300 millones). El Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han advertido del impacto negativo que esto tendrá en el crecimiento económico del país este año. Aunque en todo caso, estos fondos no se pierden, simplemente se desplazan. Por esta razón, el BdE espera que la ejecución de Next Generation se dispare el próximo año hasta triplicar la cifra de 2021.
