La Fiscalía Anticorrupción ha defendido este miércoles la presencia de las acusaciones populares y particulares en el juicio por la salida a bolsa de Bankia y ha rechazado aplicar la denominada doctrina Botín al considerar que el presunto perjuicio derivado de la operación no se limitó únicamente al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).
La llamada 'doctrina Botín' fue adoptada por el Tribunal Supremo en 2007 para cerrar el caso de las cesiones de crédito en el que estaba implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y establecía que las acusaciones populares no podían pedir la apertura de juicio oral cuando la fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa.
En su exposición, la fiscal Carmen Launa ha defendido la "relevancia e interés colectivo" de la presunta falsedad de las cuentas "de la cuarta entidad financiera del país", que puso en riesgo el sistema financiero en su conjunto y que exigió un rescate superior a 20.000 millones de euros.
Launa, por otra parte, ha asegurado que la presencia los deterioros el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) tienen incidencia directa en Bankia como perjudicada, por lo tanto, entiende que los accionistas de esta también son perjudicados.
"Entendemos perfectamente legitimada la personación de las acusaciones populares y particulares", ha afirmado.
