El procedimiento seguido en su día por la Comisión Europea contra España por el caso de ayudas públicas ilegales a determinados clubes de fútbol tiene para el Real Madrid una peculiar derivada. El club que preside Florentino Pérez ha reclamado al Estado una compensación por considerar que ha sido perjudicado por una norma, en concreto la Ley del Deporte, aprovechando que ha sido cuestionada por Bruselas. La cantidad reclamada asciende a 7,2 millones de euros, cifra que se corresponde con los perjuicios fiscales que para el club, según su valoración, ha tenido la Ley desde el momento en que el Ejecutivo comunitario inició el proceso.
La estrategia del Real Madrid tiene como base la decisión que la Comisión Europea adoptó a mediados de 2016, cuando decretó que el Reino de España había introducido una serie ayudas de Estado consideradas como ilegales a varios clubes de fútbol a través de la Ley del Deporte, por lo que le conminaba a exigir su devolución. En concreto, el Ejecutivo comunitario se refería a la disposición adicional séptima de dicha norma, que eximía a cuatro clubes (además del Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Athletic de Bilbao y el Club Atlético Osasuna) de la obligación de convertirse en sociedad anónima.
De esta forma, esas cuatro entidades pudieron seguir tributando el impuesto de Sociedades en el régimen aplicable a las entidades sin ánimo de lucro, sensiblemente inferior al que contempla el régimen general, el que rige para el resto de clubes que sí tenían la obligación de realizar la transformación societaria. Bruselas consideró que ese privilegio fiscal es contrario al Derecho comunitario por lo que decretó que el Estado español debía recuperar esos beneficios fiscales que los clubes habían acumulado a partir del año 2000, que ascendían aproximadamente a cinco millones de euros para cada uno de los clubes afectados.
Sin embargo, no es este el aspecto por el que el Real Madrid se considera perjudicado. El hecho de que el club haya presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado tiene su fundamento en que, en contra de lo que pudiera parecer, su no conversión en sociedad anónima le ocasionó, en realidad, perjuicios fiscales. En su solicitud, la entidad argumenta que determinadas deducciones (por reinversiones de beneficios extraordinarios o ganancias de capital) son más elevadas en el caso de las sociedades anónimas deportivas que en el de los clubes deportivos (en concreto, de un 12% frente a un 7%).
Así, el Real Madrid concluye que la Ley del Deporte no se tradujo en su caso en una ventaja real sino, más bien, todo lo contrario.
Una norma contraria al Derecho de la UE
La actuación de Bruselas ha sido la excusa perfecta para que el Real Madrid justifique su petición. En su escrito de reclamación, el club presidido por Florentino Pérez considera que los supuestos perjuicios fiscales que padece se derivan de la "defectuosa regulación" que se incluye en la citada disposición adicional de la Ley del Deporte.
Concluye la entidad deportiva que el hecho de haber tenido que soportar una mayor tributación de la que le correspondería "tiene su origen en una norma que resulta contraria al Derecho de la Unión Europea", basándose en el procedimiento de la Comisión contra España por las ayudas de Estado ilegales a los clubes de fútbol.
Eso sí, con ser llamativa, la reclamación del Real Madrid a las arcas públicas tiene pocos visos de prosperar. Al menos, si se atiende a las conclusiones del Consejo de Estado, al que la Abogacía del Estado ha remitido el correspondiente expediente para consulta. El dictamen del primero, aunque no tiene carácter vinculante, rechaza tajantemente que el Real Madrid tenga derecho a percibir indemnización alguna por los motivos que reclama.
El Consejo de Estado, en contra
La argumentación del Consejo de Estado, a cuyo dictamen a tenido acceso este diario, se basa principalmente en dos pilares. El primero, que la Ley del Deporte, que data del año 1990, no obligaba al Real Madrid (así como tampoco a los otros tres equipos incluidos en la disposición adicional séptima) a mantener su estatus de club deportivo. La norma eximió a estos clubes de la exigencia de transformarse en sociedad anónima pero no se lo impidió. Ni en aquel momento, ni en el futuro.
De esta forma, cualquiera de ellos, incluido el Real Madrid, podría haber optado por su conversión en sociedad anónima deportiva si hubiera considerado que era lo más beneficioso para ellos, en este caso desde el punto de vista fiscal.
En segundo lugar, el Consejo de Estado sostiene que la decisión de la Comisión Europea de declarar ayudas de Estado ilegales las supuestas ventajas fiscales para los clubes deportivos frente a las sociedades anónimas deportivas no deja a la Ley del Deporte como una norma contraria a Derecho. "La ley española no ha sido declarada contraria al Derecho de la Unión ni resulta ilegal más que por permitir un régimen más favorable para determinados clubes de fútbol, entre ellos el Real Madrid", asegura el dictamen, cuya resolución señala que procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado llevada a cabo por el club.
En esa misma decisión de julio de 2016, la Comisión Europea también consideró ayudas de Estado ilegales los acuerdos entre el Real Madrid y el Ayuntamiento de la capital en los que se incluía las permutas de terrenos con el fin de hacer posible la reforma del estadio Santiago Bernabéu que pretendía el club. Unos acuerdos que ya fueron en su día condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideró que los convenios no respondían al interés general sino sólo al particular del club, en una demoledora sentencia que ninguna de las partes recurrió.
Unas ayudas valoradas en algo más de 18 millones de euros que el club procedió a devolver al Consistorio que preside Manuela Carmena. Todo apunta a que el intento de sacar tajada del tirón de orejas de Bruselas al Gobierno español también será fallido.
