Los casi 3.000 millones que recaudan los Ayuntamientos por la plusvalía municipal penden de un hilo. El Tribunal Constitucional ya dijo el pasado mes de mayo que los consistorios no pueden cobrar el tributo a los ciudadanos que venden sus inmuebles y pierden dinero en la operación. Y ahora los tribunales han empezado a invalidar también el cobro del impuesto en casos en los que sí ha habido ganancia.
¿El motivo? Simplemente la fórmula que aplican los Ayuntamientos para calcular el pago del impuesto está mal calculada. Con pérdidas y con ganancias. De hecho, el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), Enrique Jiménez, ha asegurado a este periódico que los consistorios han estado cobrando un 40% más a los ciudadanos de lo que les tocaba pagar.
Los Ayuntamientos calculan el incremento que tendrán los inmuebles en el futuro a partir del último valor catastral. Y lo correcto sería calcular el incremento del precio del inmueble desde que se adquirió y hasta el momento de su venta. Por ejemplo, si Juan compró un piso en el año 2010 y lo vende este año, habría que calcular el impuesto en función de lo que se ha revalorizado el piso en esos siete años y no en base a lo que se podría revalorizar de aquí a 2021.
Llegará al Supremo
La primera denuncia se registró en Cuenca en el año 2010. Y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dio la razón al denunciante. Desde entonces varias sentencias han ido por el mismo camino y, según el presidente de Asefiget, en cuestión de tiempo el tema llegará al Supremo y puede que los ayuntamientos se vean obligados a dejar de recaudar este impuesto.
Según Jiménez, en realidad tiene poco sentido que sean los ayuntamientos los que calculen la base imponible, una tarea que debe corresponde al legislador. El Gobierno lleva tiempo manteniendo reuniones con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para solucionar los problemas del tributo sin afectar demasiado a la recaudación de los Ayuntamientos y Asefiget espera un cambio profundo.
Asefiget es partidario de usar las escrituras públicas de compra y venta para calcular la base reguladora
Los asesores fiscales son partidarios de utilizar las escrituras públicas de compra y venta para calcular la base reguladora del impuesto. Y que después el Gobierno fije unos tipos máximos y mínimos para que los Ayuntamientos puedan moverse en ese terreno. De esta forma, el tributo se aplicaría solo cuando se producen plusvalías y de una forma un poco más ajustada a la realidad.
La pelota está ahora en manos del Gobierno, que tiene que resideñar el impuesto. Mientras los ciudadanos afectados podrán seguir reclamando ante los tribunales el cobro de impuesto tan complejo y difuso, que ha nutrido estos años las arcas de los ayuntamientos.
