El Ayuntamiento de Madrid recuperará el control absoluto de la gestión de la M-30. Una medida recogida en las recomendaciones del dictamen de la Comisión de Investigación sobre Madrid Calle 30, la sociedad encargada del mantenimiento de la circunvalación, que será aprobada en el pleno de la próxima semana, y que tendrá, de entrada, un elevado coste para las arcas municipales, además en plena batalla con el Ministerio de Hacienda por el techo de gasto. De entrada, no menos de 200 millones de euros.
En realidad, el Consistorio tiene desde siempre el control efectivo de Madrid Calle 30, toda vez que mantiene un 80% del capital y, obviamente, una notable mayoría en el consejo de administración. Sin embargo, la corporación municipal está decidida a romper con todo lo anterior e iniciar una nueva etapa en la gestión del vial por el que circulan cerca de medio millón de vehículos al día. Para ello, la ruptura con Emesa (la sociedad participada al 50% por Ferrovial y Dragados), que tiene el 20% restante de la empresa, será total. No sólo saldrá del capital sino que también le será rescindido el contrato de mantenimiento que le ligaba a la M-30 hasta 2040.
El gobierno municipal considera que la medida es la mejor posible debido a las irregularidades que considera que se han puesto de manifiesto a lo largo de la comisión de investigación creada al efecto de desmenuzar el modelo creado en su día por el ex alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, el proceso de remunicipalización del contrato no será ni mucho menos sencillo. Ni barato.
Para empezar, la decisión del Ayuntamiento de Madrid llegará sin haber llegado a un acuerdo con Emesa. El contrato preveía la posibilidad de una ruptura unilateral pero sólo a partir de 2025. Si se producía antes, como es el caso, el Consistorio se vería obligado a comprar la participación a Emesa a un precio determinado por el valor en libros de ese 20% en poder del socio privado.
Penalización por ruptura unilateral
Según las últimas cuentas publicadas en el Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio 2016, la participación de Emesa estaría valorada en cerca de 70 millones de euros, correspondientes al valor nominal de las acciones, dado que la sociedad aún no ha constituido una reserva legal.
Las recomendaciones recogidas en el dictamen de la Comisión de Investigación señalan que "Madrid Calle 30 y el socio privado deberían analizar con el Ayuntamiento las alternativas más adecuadas, que minimicen los costes para el erario público municipal". De entrada, será complicado. Aunque Emesa no se pronuncia sobre todo este proceso, fuentes conocedoras de la situación aseguran que la sociedad exigirá que se cumpla lo contemplado en el contrato, sin poner ni quitar.
Todo apunta a que la adquisición de ese 20% de Madrid Calle 30 tendrá que llevar consigo un proceso negociador que se avecina complicado.
Un crédito con 110 millones pendientes
A esta cifra hay que sumarle el crédito concedido por Emesa a la sociedad, firmado en 2005 y con una duración de 20 años, que devenga un interés del 5,5% anual. Al cierre de 2016, el saldo vivo del préstamo supera los 111 millones de euros. El Consistorio deberá asumir el préstamo, bien mediante una subrogación, bien mediante la correspondiente amortización.
Además, también tendrá que licitar un nuevo contrato de mantenimiento, puesto que el proceso de remunicipalización no quita que estas labores vuelvan a caer en manos privadas. Manos que, entre otras cuestiones, deberán ocuparse de un importante déficit de inversiones, que en los últimos años han superado los 57 millones de euros, en actuaciones propuestas por Emesa y que no han sido autorizadas bien por el consejo de administración o bien por el propio Ayuntamiento de Madrid.
