La batalla entre taxistas y trabajadores de vehículos de transporte con conductor (VTC) vive su día clave. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, presentará en el Consejo de Ministros el esperado decreto ley para que las comunidades autónomas puedan tomar cartas en este conflicto. Un decreto que se ha guarda como gran secreto durante este mes. No obstante, este jueves algunas partes afectadas han conocido de primera mano su contenido. Y el resumen es que no va a satisfacer a nadie.
"Como se esperaba, el Gobierno cederá las competencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos", aseguran fuentes cercanas al proceso. Un movimiento que, a priori, supone una victoria del taxi y un golpe para Uber y Cabify, ya que los taxistas reclamaban el empoderamiento local para poder lograr una deseada segunda licencia para las VTCs. "Pero la limitación no será inmediata", matizan.
Este punto no agradar al taxi. El sector reclamaba la puesta en marcha de este marco normativo desde ya. Una posibilidad que adelantaba este jueves El Confidencial y que confirman a este medio fuentes que han tenido acceso a este decreto. El vicepresidente de Antaxi, Jesús Fernández, prefiere esperar a ver de primera mano este documento. "Primero prudencia y, si no es lo que se prometió, contundencia", augura el representante sindical.
Primero prudencia y, si no es lo que se prometió, contundencia"
Las VTCs podrán seguir operando como hasta ahora durante, como máximo, cinco años. Como apuntan estas fuentes, las comunidades y los ayuntamientos serán los encargados de trabajar en sus respectivos marcos legislativos antes de reclamar las competencias. Un escenario que promete dilatar todo el proceso. "Las movilizaciones están en estos momentos suspendidas, pero se podrían reanudar si nuestros servicios lo consideran", explica Jesús Fernández.
Esta amenaza está en el aire y es una de los mayores miedos del Ejecutivo. Por ello, el decreto cuenta con concesiones inmediatas como permitir que los gobiernos autonómicos y locales puedan regular aspectos cualitativos y de servicio a las VTC. Es decir, los ayuntamientos podrán sancionar a los Uber y Cabify que comentan infracciones, como es el caso de la captación de clientes en aeropuertos o eventos.
¿2021, 2022 o 2023?
La nueva normativa o será hasta 2022 o 2023. Entonces, los gobiernos autonómicos podrán crear el escenario para una segunda licencia. Su objetivo será lograr que exista una VTC por cada 30 taxis. Ahora la tasa se sitúa en una VTC por cada tres taxis. Las comunidades y los ayuntamientos también podrán recortar a las VTCs la posibilidad de hacer el 20% de sus viajes fuera de su Comunidad Autónoma.
Pero esto no impedirá que las cerca de 19.500 licencias de VTC operen en España como hasta ahora. Pero tampoco agradará a las VTC. Este mismo jueves han declarado la guerra a este decreto con su movilización en el Paseo de la Castellana en Madrid. Y sus representantes han sido claros: "Volveremos a la calle si se pone en marcha este decreto". Es decir, que la normativa del Gobierno puede traer la paradoja de que ambos bandos convoque
Por último, y esto si será de manera inmediata, la medida propone la creación de una Comisión en la Confederación Nacional de Transportes formada por los ayuntamientos, las comunidades el taxi, las VTC y representantes del Ministerio de Fomento. Una promesa que realizó en verano a las VTC y que tiene como objetivo analizar el sector con la opinión de todos los representantes. Un arma de doble filo, ya que puede provocar un conflicto en los despachos y las movilizaciones.
