Mientras España negocia el rescate internacional de puertas afuera, Hacienda regatea el rescate autonómico de puertas adentro. El ministerio comenzó la semana pasada una ronda de encuentros con todas las autonomías para actualizar sus planes de ajuste y ha trasladado a todas ellas un mensaje: no recibirán todo el dinero que están pidiendo en concepto de rescate porque han solicitado un 65% más de lo que les corresponde, según revelan fuentes del ministerio.
Hacienda les ha reiterado que el capital del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) sólo cubrirá los vencimientos de deuda pendientes lo que, en dinero, significa que las seis autonomías que ya han pedido fondos recibirán un máximo de 10.300 millones frente a los 16.995 que han demandado. Fuentes de Hacienda denuncian que las autonomías están pidiendo “dinero de más” para disponer de liquidez con la que hacer pagos a proveedores o afrontar otros compromisos de pago.
El departamento de Cristóbal Montoro les ha recordado que esos pagos no pueden ser cubiertos por el modelo de rescate que fue dotado con 18.000 millones sabiendo que las autonomías tenían vencimientos pendientes para el último trimestre del año que apenas alcanzaban los 12.500 millones. En total, un 45% de exceso de liquidez para evitar sustos.
Los excesos alcanzan el 220%
De las seis autonomías que han pedido ya el rescate, Cataluña es la que más se ha moderado puesto que su solicitud sólo supera en un 13,3% los fondos que debería recibir, mientras que Andalucía ha pedido fondos que triplican sus necesidades para afrontar los vencimientos de su deuda. Murcia, por su parte, ha pedido casi el doble de la liquidez que le correspondería puesto que ha solicitado al Estado 600 millones de euros frente a los 297 que afronta como vencimientos de deuda, una situación similar a la de la Comunidad Valenciana que pide 4.500 millones pese a que sus vencimientos pendientes son de apenas 2.615.
"Los 18.000 millones del FLA no se agotarán", aseguran esas mismas fuentes después de haber revisado la relación de pagos y el volumen de financiación pendientes a cubrir con déficit público.
